Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: El Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), fue escenario de un incidente especialmente peligroso. Por espacio de tres horas quedaron afectadas sus actividades, obligando a 15 aeronaves a cambiar su lugar de desembarco, ruta u horario, poniendo en riesgo a cientos de pasajeros, sin desmedro del daño a la imagen del país y su impacto en la categorización de la aviación civil dominicana.
En un comunicado dado a conocer por las autoridades de aeronavegación y ejecutivos de la empresa que regentea el aeropuerto, se afirma lo siguiente:
“Con relación al evento ocurrido la noche del domingo 23 de mayo, en el que el sistema de luces de pista y calles de rodaje salieron temporalmente de servicio en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (…) se produjo un acto vandálico, donde cortaron de manera intencional y planificada los cables eléctricos del circuito que alimenta el sistema de luces de pista del AILA-JFPG, lo que interrumpió momentáneamente el servicio de iluminación en la pista de aterrizaje”.
El relato fáctico es incongruente, igual que las versiones ofrecidas sobre el incidente desde la noche del suceso. En efecto, las autoridades califican el hecho como un acto vandálico, empero, inmediatamente lo minimizan alegando la interrupción de las actividades del aeropuerto fueron suspendidas “momentáneamente”. Con posterioridad fue catalogado como una “interferencia”.
Es evidente que las informaciones lucen precipitadas, orientadas a tranquilizar un área tan sensible como el de la navegación aérea, por sus implicaciones internacionales y por las nefastas consecuencias que traslada al turismo, un sector severamente afectado.
Ahora bien, al margen de la inconsistencia en la información servida o las razones que la motivan, lo cierto es que ocurrió un hecho potencialmente peligroso. Para entender sus implicaciones, es conveniente examinar todo su contexto y los intereses que concurren.
La narrativa oficialista lo califica de sabotaje, otros son más enérgicos afirmando se trata de un acto de terrorismo. Algunos se apresuran asociarlo a personas vinculadas con elementos que habrían sido desplazados del mando o que los utilizan como forma de amedrentar a las autoridades por las actuaciones judiciales emprendidas contra determinados sectores. Han llegado a relacionarlo con lo ocurrido esa misma noche en el Teleférico de Puerto Plata, con grafitis aparecidos en determinados lugares, entre otras teorías conspirativas.
Cabe recordar otros eventos ocurridos en contextos similares que rápidamente fueron calificados de sabotaje o vinculados a sectores desplazados del poder, pero quedaron en el olvido sin que se estableciera con certeza lo sucedido. En el mes de marzo de 2005, es decir, al inicio de un nuevo gobierno, se produjeron abrumadores incendios forestales en distintas partes del país que destruyeron miles de tareas de bosques. Por su envergadura el gobierno de entonces se vio compelido a pedir auxilio a Venezuela, que proporcionó helicópteros con capacidad para su contención.
En ese entonces, algunos calificaron el hecho de sabotaje atribuido a sectores recién desplazados del poder, contra los cuales estaban en marcha acciones judiciales. Cabe recordar, eran procesados altos oficiales de la Policía Nacional y un antiguo secretario de las Fuerzas Armadas; investigados exfuncionarios de Agricultura y Medio Ambiente, entre otros. Nunca fueron establecidas las causas de los incendios en forma concluyente.
Más recientemente, en el mes de febrero del año 2020, el intento de manipulación de las elecciones municipales celebradas ese año, provocó el colapso del sistema de voto automatizado desarrollado por la Junta Central Electoral (JCE). Las autoridades de entonces se apresuraron a calificarlo de sabotaje, atribuyéndolo a sectores de oposición sin aportar evidencia creíble. Dicho hecho, a pesar de haber sido formalmente apoderada la Procuraduría Especializada para la Persecución de los Crímenes Electorales, no ha sido esclarecido; tampoco se percibe voluntad para establecer e identificar a sus responsables.
Es evidente cada cierto tiempo las autoridades de turno califican de sabotaje actos de distinta naturaleza, algunos lo utilizan como forma de criminalización del adversario. Ahora bien, en torno a lo ocurrido en el AILA, prima facie, constituyen conductas típicas que configuran hechos punibles los actos preparatorios, de ejecución y consumación perpetrados en un área reservada de la terminal aérea, por lo amerita una profunda y exhaustiva investigación por parte del ministerio público, la cual debe extenderse a otras hipótesis, incluidos los intereses público-privados entrelazados en el negocio aeroportuario.
Los referidos hechos han puesto en peligro determinados bienes jurídicamente protegidos a favor de las personas y las propiedades públicas y privadas; causando un perjuicio grave a otros bienes jurídicos tangibles e intangibles de la Nación.
Afortunadamente, el país ha sido dotado de los instrumentos legales necesarios para la persecución y sanción de los autores y partícipes en tales hechos, tanto los acontecidos en el AILA como en la JCE.
