Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: Falta poco para que la pandemia del Covid-19 pueda servir de argumento para motivar la indulgencia de la población al gobierno del presidente Luis Abinader ante problemas que le aquejan en materia de seguridad, empleo, servicios públicos y la necesidad de un nuevo estilo de administración que deje en el pasado prácticas de la gestión anterior, que llevaron a los votantes a optar por un cambio que permitiera retornar las esperanzas perdidas.
En áreas importantes del gobierno se perciben debilidades que hacen pensar que los nuevos funcionarios no tienen “el toro tomado por los cuernos”, con pifias tan frecuentes que ponen en tela de juicio los métodos empleados para las designaciones en los puestos públicos.
El número de funcionarios de la administración que encabeza el presidente Luis Abinader, más de doce, que ha sido sustituido por destituciones, renuncias, suspensiones o por poner sus cargos a disposición del gobernante en solo nueve meses del cambio, debe haber roto el récord en la historia democrática después de la dictadura, hace 60 años.
El argumento de que las sustituciones demuestran que el nuevo gobierno no tiene “vacas sagradas” no es válida, debido a que parte de la responsabilidad de quien nombra en cargos públicos incluye el conocer las trayectorias de la persona designada, antes de que ya en el puesto pueda ser sorprendido en lo que ha hecho toda una vida.
Así como nadie puede sorprenderse de que un diputado electo en Santiago sea acusado de narcotraficante, lo que debió saberse antes de ser colocado en la boleta del partido, tampoco puede justificarse la ignorancia sobre el funcionario nombrado en la Lotería Nacional con inversiones en negocios de apuestas, lo que explotó con el escándalo del fraude en la empresa de juegos del Estado que provocó su suspensión “interina”.
Uno de los principales motivos que tiene el gobierno para un relanzamiento para reconquistar el entusiasmo que creó en la población en sus primeros días, desde el 16 de agosto del 2020, es el desencanto que muestran dirigentes, militantes y aliados del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), que se mantienen a la espera de poder participar de la administración pública, mientras ven que quienes fueron sus contrincantes han sido nombrados en asesorías con salarios de hasta 200 mil pesos mensuales. Fue lo que se enteraron con el caso del ex candidato a alcalde del Partido Alianza País por el Distrito Nacional.
Ciertamente que con el inicio de persecuciones a funcionarios y testaferros del pasado gobierno por parte de la Procuraduría General de la República, definida como independiente por el presidente Abinader, los votantes comenzaron expresar su satisfacción porque los corruptos serían llevados a la cárcel, pero con el tiempo se concluye en que no son todos los que están y que los verdaderos “pejes gordos” sigue disfrutando de sus privilegios y no falta el que ya logró reinsertarse en el nuevo régimen.
Con el nuevo gobierno, una parte de los que se beneficiaban de la administración que encabezó Danilo Medina perdió sus ingresos en los empleos gubernamentales, nominillas, “botellas” y otros beneficios, pero se palpa que los beneficiarios de las medidas en el seno de la población son proporcionalmente bastante inferior.
Profesionales y otros trabajadores han prestado sus servicios durante meses en instituciones oficiales sin que les sean remuneradas sus labores. En tanto, gente desvinculada de esas entidades no han cobrado sus prestaciones mientras se disparan los artículos de primera necesidad, situación que no cambiará con las amenazas de Eddy Alcántara de perseguir el agiotismo con el Código Penal, en un país donde los controles de precios desaparecieron en 1994.
Hace apenas una semana, con nueve meses de gobierno perremeista, se escuchó a la encargada de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, hablar de la necesidad de una auditoría para detectar a las personas que tienen dos empleos o más en el gobierno. Lo que piensa la generalidad es que con los recursos tecnológicos actuales obtener esa información no requiere de una auditoría, y que de hacerse, debió ser con el inicio de la gestión.
El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, también hablo recientemente sobre las irregularidades que encontró en el organismo, pero no dijo lo que hará para que sean sancionadas en la Justicia.
Lo ocurrido en las últimas 48 horas, en ausencia del país del presidente Abinader, demuestra que de verdad este gobierno necesita relanzarse. Un extraño sabotaje oscureció y paralizó el Aeropuerto Internacional de Las Américas José francisco Peña Gómez, el principal del país; letreros en San Pedro de Macorís y Santiago pidiendo respeto a los militares, en momentos que oficiales activos son juzgados por corrupción; una avería puso en peligro la vida de 32 vacacionistas en el teleférico de Puerto Plata y para rematar, una activista de las tres causales, sector privilegiado de la nueva administración, confesó en la procuraduría que envió postres con marihuana al campamento de ese movimiento apostado frente al Palacio Nacional, con el objetivo de sensibilizar al gobierno con su lucha.
Ojalá el presidente Abinader y la dirigencia del PRM escuchen los sanos consejos de sectores que no les desean el fracaso en su primera experiencia gubernativa, por el daño que esto haría a la democracia y al pueblo en general. Los meses que faltan para cumplir el primer año de gestión serían propicios para la reflexión y la corrección de muchos entuertos.
