Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: En 1894, el Ministerio de la Guerra francés interceptó un documento dirigido al agregado militar alemán en París relacionado con el envío de informaciones secretas sobre las características del nuevo material de artillería francés.
Para evitar el escándalo por la filtración, se decidió inculpar al capitán Alfred Dreyfus, utilizando documentos falsos para el juicio. Fue arrestado, juzgado por un consejo de guerra y condenado a cadena perpetua por alta traición; aunque sus defensores alegaron error judicial.
Posteriormente, en 1896 el coronel Picquart descubre un telegrama daba cuenta que el responsable de la filtración era un oficial llamado Esterhazy. Pero, los tribunales militares se niegan a aceptar el error judicial, ratifican sentencia, con el propósito de mantener la conspiración del silencio. El coronel Picquart es enviado a misiones fuera de Francia.
Empero, sectores de la prensa, encabezados por Le Figaro, deciden romper el silencio, siendo reproducidos los facsímiles cuyas letras eran idénticas a las de Esterhazy, lo que hacía impensable que los tribunales militares pronunciaran su absolución.
El 13 de enero de 1898, Émile Zola, un reputado escritor francés, remite una carta pública al presidente de la República, que contenía un enérgico alegato a favor de Dreyfus, con el título “Yo acuso”.
“Yo acuso al teniente coronel Paty de Clam como laborante –quiero suponer inconsciente– del error judicial, y por haber defendido su obra nefasta tres años después con maquinaciones descabelladas y culpables.
Acuso al general Mercier por haberse hecho cómplice, al menos por debilidad, de una de las mayores iniquidades del siglo.
Acuso al general Billot de haber tenido en sus manos las pruebas de la inocencia de Dreyfus, y no haberlas utilizado, haciéndose por lo tanto culpable del crimen de lesa humanidad y de lesa justicia con un fin político y para salvar al Estado Mayor comprometido.
Acuso al general Boisdeffre y al general Gonse por haberse hecho cómplices del mismo crimen, el uno por fanatismo clerical, el otro por espíritu de cuerpo, que hace de las oficinas de Guerra un arca santa, inatacable.
Acuso al general Pellieux y al comandante Ravary por haber hecho una información infame, una información parcialmente monstruosa, en la cual el segundo ha labrado el imperecedero monumento de su torpe audacia.
Acuso a los tres peritos calígrafos, los señores Belhomme, Varinard y Couard por sus informes engañadores y fraudulentos, a menos que un examen facultativo los declare víctimas de una ceguera de los ojos y del juicio.
Acuso a las oficinas de Guerra por haber hecho en la prensa, particularmente en L’Éclair y en L’Echo de París una campaña abominable para cubrir su falta, extraviando a la opinión pública.
Y por último: acuso al primer Consejo de Guerra, por haber condenado a un acusado, fundándose en un documento secreto, y al segundo Consejo de Guerra, por haber cubierto esta ilegalidad, cometiendo el crimen jurídico de absolver conscientemente a un culpable…”.
En su despedida, Émile Zola advertía los peligros a que se exponía. Por esa carta, recibió persecución y amenazas, viéndose obligado abandonar el país. En 1899 regresa de su exilio pero muere en septiembre de 1902 en forma misteriosa, asfixiado por exhalaciones de una chimenea.
Dicha carta fue determinante para la revisión del proceso contra Dreyfus, estableciéndose la falsedad de la imputación, por lo que en 1906 fue reincorporado al ejército.
Citamos este emblemático hecho, respetando las épocas y los justos motivos enarbolados por Zola, para poner de relieve a lo largo de la historia una imputación pública dirigida contra cuerpos armados acarrea peligros inmensos.
En efecto, la pasada semana un oficial del Ejército de la República Dominicana, aunque por razones muy distintas a las que motivaron a Zola, pronunció ante un tribunal una especie de “Yo acuso” contra altos oficiales militares y policiales, implicados en un complejo proceso judicial.
También, al final de su exposición advertía de los riesgos para su vida y la de su familia. Cometió el error de responsabilizar a los oficiales que acababa de mencionar, pues ahora queda expuesto a que cualquier otro sector con motivos para causarle daño intente aprovechar la confusión, lo cual pudiera extenderse por un tiempo eventualmente prolongado.
Así las cosas, independientemente del valor probatorio de sus afirmaciones, lo relevante en este punto es que las autoridades tienen la enorme responsabilidad de garantizar su seguridad y la de su familia. No puede suceder un evento similar a lo ocurrido con Zola hace más de un siglo.
Tampoco puede tener el mismo desenlace tuvo alias Carlos Collares, implicado en un proceso judicial por la muerte del senador Darío Gómez, ocurrida en el periodo de gobierno 2000-2004. Se presume declararía sobre alegados vínculos oficiales con el hecho, pero antes resultó muerto en prisión por múltiples heridas de arma blanca.
No puede ocurrirle como a Carlos Evertz Fournier, quien fue abatido tiempo después de haber declarado a un programa de televisión que formaba parte de un cuerpo de sicarios dirigidos desde la uniformada. Ninguno de esos hechos y otros de igual naturaleza ha sido esclarecido.
