PEPCA atribuye a coronel Núñez de Aza ser “uno de los cerebros financieros principales” del entramado de corrupción
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) atribuyó al entramado de corrupción que encabezaba el mayor general del Ejercito Adán Benoni Cáceres Silvestre cobrar salarios de militares y policías nombrados irregularmente a cambio de pequeñas dádivas que depositaban en sus cuentas bancarias.
El organismo especializado del Ministerio Público sostiene que el coronel policial Rafael Núñez De Aza es uno de los cerebros financieros principales en el supuesto entramado de corrupción creado por el mayor general Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina.
En la solicitud de medida de coerción contra los cinco imputados en la “Operación Coral”, el Pepca precisa que en la gestión de Cáceres Silvestre como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), Núñez De Aza se desempeñaba como gerente financiero del organismo y utilizaban militares subalternos para depositar pagos a las cuentas de las compañías del entramado.
Añade que “de esta misma forma se asociaron con Raúl A. Girón Jiménez, funcionario nombrado como programador de nóminas del CUSEP y encargado de tecnología del Cuerpo especializado de Seguridad Turística (Cestur).
La modalidad era la siguiente: a Girón Jiménez le asignaron un salario adicional al que recibía del CUSEP de RD$180,000 mensuales, que eran depositados a una cuenta distinta a la de la nómina.
Ese dinero se materializaba en forma de depósitos para Núñez de Aza, la empresa Único Real State e Inversiones, una de las compañías que supuestamente la pastora Rossy Guzmán le administraba a Cáceres. También, a modo de pago de préstamos.
Cobraban salarios de agentes nombrados irregularmente
Según la PEPCA, una de las tácticas utilizadas por el presunto entramado contaba de dos pasos, el primero siendo el nombramiento irregular de cientos de policías y militares en las nóminas del CUSEP y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), cobrando entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales.
La siguiente fase consistía en recibir un porcentaje de los montos señalados a cambio de bajas dádivas. Las autoridades también señalaron que en ese proceso se solían desviar sumas millonarias provenientes de los viáticos, compra de combustibles y raciones alimenticias.
Asimismo, la diferencia entre lo pagado y la dadiva era subsecuentemente repartida entre miembros de esta sociedad, en formas de depósitos y transacciones, de acuerdo con la PEPCA.
Los documentos además trazan otro esquema predilecto de los imputados. Se trata de varios pagos percibidos por empresas del grupo, hechos por unidades y organismos de seguridad del Estado.
“Las empresas imputadas Único Real State e Inversiones SRL y la Asociación Campesina Madre Tierra, recibían fondos de algunas instituciones castrenses por concepto de ‘compras de huevos’, ‘compras de ganado’, y otros depósitos sin concepto, para los cuales utilizaban al imputado cabo de la Policía Nacional Eric Daniel Pereyra Núñez, entre otras personas investigadas”, leía parte de la solicitud.
De acuerdo al documento, actualmente Adán Benoni Cáceres Silvestre sigue recibiendo dinero de estas actividades ilícitas.
Presuntos lavados de la pastora
Rossy Guzmán, la pastora que también está siendo imputada en la operación Coral el Ministerio Público la acusa de ser la que lavaba el dinero que era manejado por el entramado, a través de la creación de empresas.
La Pepca indicó que Guzmán creó varias empresas con ese fin, señalando específicamente Único Real State, una de las compañías que supuestamente la pastora le administraba a Adán Benoni Cáceres Silvestre.
De igual forma citó una de las presuntas instancias de lavados ocurridas con la referida empresa, señalando la compra apartamento ubicado en Balcones del Atlántico en Las Terrenas, provincia Samaná.
“Ese apartamento aparece con un supuesto préstamo que realizó el coimputado Raúl Girón, pero todo es una operación de lavado de activos”, detallaron las autoridades.
Medida de coerción el miércoles
El conocimiento de la medida de coerción para los acusados en la Operación Coral está pautado a iniciar este miércoles a las 11 de la mañana.
También el órgano persecutor anunció que los imputados enfrentarán cargos de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos provenientes de actos de corrupción, por lo que pedirán un año de prisión preventiva para los involucrados.
