Por Juan Acosta R./ Para ElCorreo.do
SANTO DOMINGO: Si el que persevera triunfa, los que han dedicado su tiempo durante décadas tratando de enderezar entuertos de duplicar, triplicar y hasta más veces organismos con las mismas funciones en la administración pública, con el anuncio del presidente electo, Luis Abinader, de que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) será eliminada, deben considerarse triunfadores.
Entre los tantos que abogaron por llevar al gobierno “a su propia legalidad”, estuvo la diputada, hoy senadora electa, Faride Reful, la que en octubre de 2017 sometió un proyecto de ley para reorganizar la administración pública aboliendo 57 entidades.
Según planteó la electa representante senatorial del Distrito Nacional, la práctica de reproducir organismos “para hacer lo mismo” incrementa en casi un 100 % la nómina pública “y eso le cuesta mucho dinero al país”.
Como era de esperarse, su propuesta no fue acogida por la mayoría de sus compañeros de hemiciclos, miembros del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
“Estas entidades fueron creadas para satisfacer las necesidades políticas del gobierno de turno”, dijo impotente congresista opositora.
El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, informó este miércoles que al igual que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) será eliminada en el Gobierno de Luis Abinader, lo mismo pasará con otras instituciones.
“Muchas otras entidades similares serán eliminadas, será reestructuradas, serán refundidas como organizaciones o con otras entidades públicas para tener un gobierno más eficiente, más ágil, menos burocrático, más eficiente”, aseguró al llegar al hostal Hodelpa Nicolás de Ovando, donde se están realizando las reuniones para llevar a cabo el proceso de transición de gobierno.
Finjus
Otro que de los preocupados con esta situación es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, quien acaba de afirmar que la OISOE “ha funcionado por años de manera ilegal”.
Castaños Guzmán basó su afirmación señalando que la creación de la entidad violó preceptos constitucionales, “porque sus ejecutorias chocan con las del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”.
La OISOE fue creada por el entonces presidente Joaquín Balaguer, mediante el decreto 590-87, el 25 de noviembre de 1987, para supervisar la construcción de proyectos de infraestructura levantados en varias comunidades.
El ejecutivo de Finjus refirió que desde el año 2012 ha denunciado sistemáticamente la situación de ilegalidad y pedido la supresión, porque entraba en el ámbito de la duplicidad de funciones con el Ministerio de Obras Públicas, que sí está avalado por las leyes.
“Por eso saludamos la decisión del presidente electo de eliminar una de las oficinas más escandalosas que han venido operando inconstitucionalmente desde el estado”, dijo
Opinó que de acuerdo a la Constitución de 2010, esa institución debió estar adscrita al Ministerio de Obras Públicas, pues duplica las atribuciones de otra. “Eso está constituyendo una carga económica muy fuerte para el Estado; eso nos vuelve menos eficiente y, de paso, bastante caro”, razonó.
Escándalos
Uno de los mayores escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelta la OISOE fue el suicidio en el 2015 del arquitecto David Rodríguez, en las instalaciones del organismo, quien antes de cometer el hecho escribió una carta donde denunciaba que estaba agobiado por las deudas y que lo extorsionaban desde esta institución.
Por ese hecho, en el año 2017, fueron condenados a seis y cinco años de prisión cuatro acusados, quienes alegadamente le extorsionaban. El grupo fue acusado por el Ministerio Público de asociación de malhechores y lavado de activos.
Los condenados fueron Alejandro Isidoro de los Santos, quien era el encargado del departamento de edificaciones escolares de OISOE, a 6 años; Julio Rafael Pérez Alejo, Joel Soriano y Juan Ernesto Romero Pérez, a cinco años.
En su momento, también el actual senador y electo para un nuevo período, Félix Bautista, fue acusado de enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la OISOE, pero el expediente no prosperó en la Suprema Corte de Justicia, donde el legislador fue favorecido con un no h lugar.
Bautista también fue sometido a la justicia por la sobrevaluación de la carretera de Vallejuelo, en esa provincia, pero de igual forma fue descargado.
¡RD$13,000 millones!
En su trajinar por detener la continuación y mantenimiento de las existentes, la diputada Raful insistió e insiste muchas instituciones públicas realizan funciones similares, en algunos casos las mismas.
Se quejaba porque el Estado admite el problema y anuncia soluciones, “pero los compromisos políticos e influencias impiden una acción drástica, precisa y permanente”.
Un estudio que reforzó su lucha fue el realizado en 2017 por la Confederación Internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, la Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam) titulado “Estructuras del Estado dominicano: hacia una renovación pertinente”.
La investigación reveló que, de 77 instituciones con duplicidad de funciones, “34 son dependencias sectoriales y el resto consejos o comisiones que, por cierto, reciben fondos públicos”.
Expuso que la Presidencia tiene adscritas alrededor de 15 comisiones, “cuyas funciones también desdicen de las dependencias directas del Estado. Esas apéndices del Poder Ejecutivo le cuestan al país más de 3,200 millones de pesos cada año”.
Agregó que en algunos casos el problema no es la duplicidad de funciones, sino que la existencia del organismo no tiene razón de ser.
Citó al respecto en el caso de los alimentos, precisando que en el Ministerio de Agricultura (RD$14,074.5 millones), hay tantas comisiones y direcciones involucradas que la ejecución eficiente de los recursos es casi imposible.
A manera de conclusión, la institución internacional aseguró que si se controla este problema “el Estado pudiera ahorrarse hasta RD$13,000 millones al año”.
Gastos mayores
Se calcula que con los gastados en instituciones con duplicidad de funciones “es mayor a lo asignado para viviendas, servicios hospitalarios y educación superior”.
“Entre la Presidencia y los ministerios de Turismo y Agricultura se concentran al menos 33 de esas entidades que, algunas, no presentan rendición de cuentas ni cumplen a totalidad sus funciones”, se estableció.
Agrega que la estructura organizacional dominicana responde a ministerios y direcciones, “pero a esos hay que adjuntarles los órganos descentralizados y autónomos, las oficinas nacionales, los consejos, las direcciones generales, algunas comisiones nacionales, superintendencias y programas sociales”.
Se agregó si lo anterior no bastaba “las asesorías y consultarías completan el pastel”.
La promesa de Camejo
Ante las continuas denuncias de creación entidades gemelas, el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, dijo que se elaboraba un plan “para eliminar la duplicidad de funciones públicas”.
Ese empeño contemplaba la asesoría de expertos españoles, chilenos, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Se unieron en el alcance de ese objetivo los partidos políticos, principalmente de oposición, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores vinculantes.
Incluso las industrias se pronunciaron sobre eso hace años antes, con una propuesta de legislar para unificar todas las entidades que en su accionar hacen lo mismo, pero hasta ahora la pieza duerme el sueño eterno en el Congreso.
El consenso ignorado “desde arriba”, involucró incluso a congresistas pro gobierno, como el senador Rafael Calderón y el diputado Jesús Martínez, los que confesaron “estar ansiosos por analizar y buscar una salida al problema”.
¡Energía para todos!
Con iguales funciones están el Ministerio de Energía y Minas (RD$1,268 millones), la Comisión Nacional de Energía (RD$361.6 millones) y la Superintendencia de Electricidad (RD$855.5 millones).
Dos que manejan muchos millones al año son el Ministerio de Obras Públicas (RD$45,847.7 millones) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (RD$873.1 millones), esta última creada para fiscalizar y hoy es una constructora con muchos privilegios…y escándalos.
Tal es el caso del Instituto Nacional del Tabaco (RD$221.7 millones), el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (RD$57.4 millones), el Merca Santo Domingo (RD$89.5 millones), el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (RD$55.9 millones) y el Instituto Agrario Dominicano (RD$1,679.3 millones).
Participación Ciudadana
Al opinar sobre el tema, el actual director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, consideró que “esta muestra de instituciones ineficientes” puede servir para hacerse una idea de la necesaria aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública”.
Dijo que esa enmienda sería para eliminar cada uno de los órganos del Estado que no cumplen ninguna función relevante o que sus competencias son atribuidas a otras instancias, generando dualidad de funciones.
Otras más
La Comisión de Reforma de la Empresa Pública, el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, la Dirección General de Edificaciones, la Dirección General de Embellecimiento de Carretera y Avenidas de Circunvalación del País, son parte del derroche.
Se plantea que también deben eliminarse la Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas, la Industria Nacional de la Aguja, el Instituto Audiovisual de Informática, la Administración General de Bienes Nacionales, la Comisión Nacional de Asuntos Nucleares, y el Instituto de Estabilización de Precios.
Además, se hizo la observación de la apremiante regulación de la creación de programas, proyectos, consejos, comités, comisiones o comisionados, consultivos o decisorios, los cuales se entiende deben estar condicionados en una cláusula de caducidad, al tiempo de revisar los existentes y proceder con su eliminación inmediatamente.
Vigilantes de fondos públicos
La Cámara de Cuentas fiscaliza la buena ejecución presupuestaria, pero la Contraloría General de la República también hace lo propio, “ayudadas” por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, por tener funciones afines, aunque se limita a los funcionarios y sus acciones.
Otros organismos que deberían replantearse son la Comisión de Defensa Comercial (RD$42.5 millones), ProConsumidor (RD$227.3 millones) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (RD$159.6 millones).
También, el Instituto Dominicano para la Calidad (RD$239.2 millones), Consejo Nacional de Zonas Francas (RD$391.7 millones) y el Consejo de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana (RD$389.9 millones).
Refundiciones
Una salida sugerida es la creación del Ministerio de la Familia, en el que se aniden lo que ahora son los de la Mujer (RD$654.7 millones), de la Juventud (RD$564.5 millones), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (RD$842.7 millones) y el Consejo Nacional de Discapacidad (RD$190.1 millones).
Por igual entrarían, el Consejo Nacional de Estancias Infantiles (RD$57.4 millones), el Consejo Nacional de Población y Familia (RD$49.9 millones), y la Defensoría del Pueblo (RD$165 millones).
