Aseguran devolución de RD$3,000 millones por Maxy Montilla es una “chilata” frente al robo a las Edes
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El criterio de oportunidad que acordó con el Ministerio Público el empresario Maxy Montilla Sierra, lo obliga a «testificar» contra los demás vinculados en la estafa a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (las EDE), incluyendo a importantes exfuncionarios.
Así lo establece el acuerdo homologado ya por un juez de instrucción, cuya resolución se emitirá a final de este mes, según una crónica periodística.
«Deberá testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados que componen la asociación de malhechores», establece la nota, basada en el arreglo al que arribó Montila Sierra con la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Añade que su delación «se ha tomado como punto de partida» de la negociación, además de «su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables».
La Pepca describe en el documento que la investigación contra el confidente «forma parte del mismo entramado» al que pertenecen Alexis Medina Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo y Wacal Bernabé Pineda», los que ya fueron condenados por la Operación Antipulpo, «entre otras personas físicas y jurídicas».
Maxy, Alexis, Suriel y Bernabé también figuran entre los imputados en la querella de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), que incluye a Rubén Jiménez Bichara (ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE), y a Luis Ernesto de León Núñez (exadministrador general de Edeeste).
En la querella, interpuesta en el año 2021, se cita además a Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos exadministradores generales de Edesur) y a Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte), así como a Alexander Montilla Sierra.
Según la acción, sometida en ese entonces por el ex vicepresidente del Consejo Unificado de las EDE, Andrés Astacio Polanco, las «transacciones fraudulentas de este entramado societario y familiar en contra del Estado dominicano, Edesur, Edenorte y Edeeste», ascendió a más de RD$20,000 millones.
De acuerdo a la querella, la investigación iniciada en agosto del 2020, «puso en evidencia una estructura mafiosa que drenaba económicamente a las EDE, durante la administración de Jiménez Bichara, de León Núñez, Núñez y Correa, respectivamente».
