El titular de Compras Públicas explica modernizaciones del proyecto que cursa en el Congreso
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Con la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que modifica la Ley 340-06 sobre la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCCP), Carlos Pimentel, explicó que esta reforma representa un paso hacia la modernización por el peso que fomenta en la economía nacional.
Durante el acto de lanzamiento oficial de la Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ACS), Pimentel sostuvo cómo en la actualidad las contrataciones públicas han dinamizado el desarrollo y la producción nacional, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La pieza establece el régimen jurídico de la contratación pública con los órganos, principios, procedimientos y reglas que le son aplicables, garantizando una eficiente utilización de los fondos.
Aunque entrará en vigencia en enero de 2026, la entidad utilizará un plazo de seis meses para adaptarse a la nueva estructura propuesta en la ley y con el reglamento que entrará en vigencia para el año entrante.
“Fue un plazo consultado, consensuado y aceptado por la Dirección General de Contrataciones. Asumimos este desafío y estamos convencidos de que en enero inicia la implementación de la nueva ley”, sostuvo durante el panel de la ACS.
Según explicó, todo un equipo comprometido trabaja de cara a la implementación de la nueva ley, preparándose desde hace años con más personal y departamentos que respondan a las exigencias del marco legislativo.
Entre las nuevas exigencias de la disposición, destacó que la institución contará con facultades reglamentarias, otorgándole mayor autonomía en los procesos y agilizando el plazo de los mismos.
De igual manera se le implementará una herramienta de visualización de datos que presentará los datos de forma gráfica y resumida de manera clave.
Reconoció como una fortaleza de la norma la implementación de la subasta interna, considerándola como una modalidad más beneficiosa para el Estado y los contratistas.
