El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, ha dado a conocer una disposición de ese órgano regulador mediante la cual se otorga un plazo de 30 días a las prestadoras de servicios telefónicos para que adopten medidas encaminadas a enfrentar el robo de equipos celulares.
La medida del Indotel está motivada en la alarmante cantidad de estos equipos que son robados en el país y en el exterior y son activados por las telefónicas dominicanas, pese a disposiciones en común que existen en varios países para evitar esa práctica.
Según refiere Gómez Mazara, a la República Dominicana ingresan mensualmente más de 4,000 equipos celulares que son robados en el exterior, particularmente en los Estados Unidos, y encuentran fácil activación, debido a las pobres regulaciones que imponen las telefónicas.
Nos llama la atención ese alarmante dato, pues desde hace un tiempo existen disposiciones que obligan a las telefónicas a verificar la identidad de quienes contratan sus servicios, ya sean pospago o prepago, precisamente de controlar la activación de celulares robados o denunciados como perdidos.
El cumplimiento de este requisito tiene un impacto que va más allá que el combate al robo de celulares, que lo podemos considerar simple, sino que ayuda a las autoridades a manejar el tema de la seguridad nacional que tiene implicaciones mucho más profundas.
La venta libre de chips o SIM en cualquier esquina, se presta como vía de facilitación de actividades delictivas en cualquier escala, pero sobre todo para eventuales actos terroristas sin deja huellas fácilmente rastreables.
Es decir, la disposición del Indotel reviste una importancia capital que a todos los dominicanos debe interesar, por lo cual el órgano regulador no puede permitir que, como ha sucedido en otras oportunidades, los interesados se salten esos controles, sin consecuencias.
