Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El establecimiento de los debates presidenciales obligatorios recibió un nuevo empuje con la presentación de un informe favorable en la Cámara de Diputados.
Al efecto, la comisión permanente de Junta Central Electoral (JCE) de la Cámara Baja recomendó la aprobación de la iniciativa que busca poner el país en la tónica predominante en casi todo el mundo.
El proyecto incluye, además de los presidenciables, la obligación de todos los candidatos a cargos electivos de partidos políticos a participar en por lo menos dos debates electorales organizados por el órgano comicial.
El informe fue aprobado y firmado al cierre de la legislatura, el pasado 12 de enero y dispone que los candidatos que no asistan a los debates serán sancionados con la restricción total de los espacios destinados para la promoción de sus aspiraciones.
«Se dispone la asistencia y participación obligatoria de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, al Congreso Nacional y a los gobiernos locales a por lo menos uno de los debates públicos organizados por la JCE», dispone el informe que aprobaron los diputados miembros de la citada comisión.
La propuesta legislativa proviene de dos proyectos de ley propuestos por los diputados José Horacio Rodríguez, Mélido Mercedes, Pedro Martínez, Aida López y Mateo Espaillat.
Antes de los debates, el informe que redactaron los comisionados establece que los temas para los debates electorales deben ser previamente consensuados con todas las agrupaciones políticas de los candidatos, así como con las instituciones académicas y de la sociedad civil.
Además, la pieza refundida ordena que los debates sean transmitidos por los medios de comunicación públicos a disposición del Estado. El careo quedará grabado en los portales digitales de la JCE de manera que la ciudadanía pueda acceder a ellos después de su realización.
Para la ejecución del debate, la JCE retendrá una proporción del dinero asignado a los partidos políticos para sustentar de forma financiera el debate.
La propuesta legislativa enfatiza que la participación en los debates será gratuita y no podrá implicar ningún gasto para los aspirantes, los cuales se harán dentro de los límites temporales de la campaña electoral establecidos por la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral.
Asimismo, el documento afirma en su artículo 18, que cada debate abordará temáticas distintas relevantes para el interés nacional, de manera que los candidatos puedan profundizar en cada una en sus intervenciones.
