Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Diversos sectores de la sociedad civil mantienen su preocupación, por el mantenimiento de tres artículos de la recién promulgada ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que consideran una amenaza directa contra la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.
Son los artículos 9, 11 y 26 de la Ley 1-24, los cuales abordan aspectos relativos a la obligatoriedad que tiene toda persona a suministrar información al organismo de vigilancia, siempre que se considere oportuno.
El artículo 9, numeral uno, establece que la DNI puede investigar “cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional.
Mientras, el artículo 11 obliga a “las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal a entregarle a la Dirección Nacional de Inteligencia “todas las informaciones que ésta requiera para resguardar la seguridad nacional”.
En tanto, el artículo 26 de la citada legislación establece sanciones penales, con prisión menor de dos a tres años y multas desde nueve a 15 salarios mínimos del sector público, “contra quienes oculten informaciones requeridas por la DNI”.
Los citados artículos han sido objetados por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Sociedad Dominicana de Diarios, el Frente Amplio de Lucha Popular, así como por líderes religiosos que ven en la alianza una amenaza directa contra el secreto profesional y la libertad de prensa.
