Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, informó este sábado que el pleno de ese órgano revisará varias sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con la finalidad de determinar los argumentos de los partidos políticos que se han opuesto a la limitación de actividades durante la actual precampaña.
El anuncio de Jáquez deja entrever que dichas decisiones no fueron revisadas por la JCE para fundamentar su decisión.
Algunos partidos denunciaron como «inconstitucional» el comunicado de admonición, donde se les ordenó retirar vallas, afiches o pancartas, además de la prohibición de realizar marchas.
A través de un video compartido por varios medios de comunicación, Jáquez Liranzo precisó que se les ha dado un plazo a las organizaciones políticas hasta el próximo 27 de agosto.
Dirigentes políticos y abogados han criticado la advertencia de la Junta Central Electoral sobre la propaganda que realizan las organizaciones en la actual precampaña, la cual fue oficialmente abierta por la JCE.
Pero la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), informó que ha decidido respetar la disposición de la JCE sobre las actividades y publicidad en la precampaña.
En ese sentido, el organismo perremeista anunció la suspensión de la marcha pautada para este domingo organizada por el Frente de Mujeres Modernas, «para dar fiel cumplimiento» al comunicado de admonición del órgano rector de los comicios electorales”.
Por su lado, el expresidente y precandidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, advirtió que el comunicado de admonición emitido por la JCE vulnera derechos fundamentales.
El abogado Eduardo Jorge Prats sostuvo que la JCE no tiene derecho a adoptar la decisión, ya que ella misma emitió una proclama que legaliza las actividades durante la precampaña.
Asimismo, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, se manifestó en la misma dirección de Fernández y Jorge Prats, señalando que la JCE no puede limitar el derecho fundamental de expresión y asociación.
En su consideración, Fernández afirma la JCE “perdió de vista que hay sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Superior Electoral (TSE) que declararon nulo los artículos de la Ley de Partidos Políticos que establecen esa disposición legal.
“El Tribunal Constitucional determinó que la libertad expresión, así como la libertad de reunión, son derechos fundamentales que no pueden ser limitados, por tato la decisión de la JCE carece de efecto legal porque las decisiones del TC son vinculantes a todos los órganos de poder del estado”, afirmó el líder político.
Asimismo, el exmandatario expresó que la JCE tiene que «respetar» lo establecido por esas sentencias y permitir que los partidos políticos puedan ejercer su derecho a colocar vallas, afiches y realizar reuniones en el exterior, “porque, al final, esa es la esencia de la política”.
Expresó que en democracia no se actúa clandestinamente, sino de cara al pueblo, “porque son derechos consagrados en la Constitución, que están por encima de toda ley y toda resolución».
Fernández explicó que la celebración de eventos multitudinarios, como mítines, marchas y caravanas, constituyen una manifestación de la libertad de reunión que, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución, «toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos».
El PRM
El partido oficialista reiteró que quedaban prohibidas en el periodo de la precampaña «la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda a través de vallas, afiches y pancartas”.
Según la información, por igual fueron prohibidas a sus precandidatos promoverse a través de los medios de comunicación como la radio y la televisión, sin precisar si la permitirá mediante las redes sociales.
El Partido Fuerza del Pueblo había acusado al PRM de iniciar la violación de la recién disposición del órgano electoral en ese sentido.
Al respecto, la Dirección Ejecutiva perremeista manifestó mediante comunicado ser el partido que ha llevado la voz cantante en relación al tema de que la JCE regule y sancione a las organizaciones políticas que realizaron actos y colocaron publicidad fuera del plazo establecido para la campaña.
Recordó que durante los meses de junio y septiembre del 2022, “comunicamos a la JCE la necesidad de aplicar la ley 33-18, debido a la campaña a destiempo que partidos de oposición habían iniciado”.
Precisó que el 22 de noviembre todos los partidos suscribieron un pacto de compromiso del respeto a la ley y los plazos, pero que las organizaciones opositoras “en ningún momento han cesado sus actividades en lugares abiertos, con marchas y mítines».
Al igual que otros partidos, indicó que la disposición del órgano electoral fue emitida de manera tardía.
