Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El expresidente Hipólito Mejía desató un vendaval mediático con su advertencia de que la Policía lanzaría bombas lacrimógenas si la oposición política sale a las calles a protestar contra la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) sobre reservas de candidaturas.
“Le tiramos una lacrimógena, al igual que le tiramos a Leonel aquella vez que hubo que llevarlo a una clínica. Se le tiran tres bombitas de esas para fortalecer la democracia”, dijo Mejía.
Aunque el tono utilizado por Mejía daba la impresión de ser jocoso siguiendo la forma de comunicar del ex presidente, en el ambiente político, particularmente de oposición, no cayó como un chiste la salida, sobre todo la referencia a un hecho de violencia del Estado.
Se trata del ataque con bombas lacrimógenas ocurrido el 24 de noviembre de 2000, cuando el recién salido presidente Fernández acudió a la Procuraduría General de la República a “constituirse en prisión”, dados los aprestos judiciales contra funcionarios de su gobierno.
Las bombas arrojadas por los agentes policiales afectaron a varios dirigentes del PLD, entre ellos el ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, quien debió ser atendido en una clínica de la capital.
Al opinar acerca de la resolución del órgano electoral, el ex mandatario sostuvo que se debe ser respetuoso de la institucionalidad “y entender que la JCE es la encargada de dirigir los procesos electorales de la forma que entienda pertinente”.
“Yo soy respetuoso de la institucionalidad, a ellos (la JCE) es que les ha tocado dirigir las elecciones; es el organismo encargado de eso”, expresó Mejía.
De igual manera, el ex gobernante defendió la honestidad del presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, del que dijo no tener la menor duda de que es un hombre serio.
La JCE dispuso mediante la Resolución 13-2023, que las reservas de candidaturas permitidas a las organizaciones políticas corresponden a 20% por nivel de elección, para los comicios del 2024.
Agrega que esas nominaciones “deben notificarse en plazos que no pueden exceder el 17 de junio, 15 días previos al inicio de la precampaña electoral”.
La disposición es objetada por los partidos de oposición, argumentando que la misma se hace “para complacer al Gobierno” y que hace una mala interpretación del artículo 58 de la Ley de Partidos.
