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Voluminoso paquete de expedientes constituye serio desafío para nuevo procurador anti corrupción

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Los retos que tiene por delante el nuevo titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, ahora con un cuerpo de 25 fiscales, son múltiples y variados, con un paquete de expedientes estancados y un sinnúmero de denuncias-querellas pendientes de evaluación.

Esto así porque en el sistema procesal dominicano la acción pública sigue reservada al Ministerio Publico, por lo que la mayor parte de las denuncias continúan a la espera de que ese estamento accione una vez determinados los elementos de inculpación procesal que determine el juez de la querella.

En la cercanía del Poder

Con la nueva disposición, el departamento de la PEPCA  que hasta ayer funcionaba debajo de una escalera en el antiguo edificio de la Suprema Corte, mejor conocido como “el palacio de las cortes”, pasa ahora al cuarto piso de la nueva sede, justo en las inmediaciones del despacho de Miriam Germán.

Según algunos analistas, este cambio de ambiente constituye una simbología respecto a lo que significar apara el Poder la lucha contra la corrupción, porque de la estrechez y las limitaciones, pasa a las inmediaciones del despacho con toda la logística, la amplitud…y la decisión.

Casos pendientes e inconclusos

La organización cívica “Sed de Justicia” depositó ante la PGR un voluminoso expediente por hechos irregularidades en Obras Públicas contra los ex ministros Gonzalo Castillo y su alfil Ramón Pepín, donde se alega manejaron a su antojo 19 mil millones de pesos en asfalto, en violación a la Ley 340-06 sobre contrataciones públicas

El expediente fue depositado hace algo más de una semana por una comisión de la directiva de la entidad de la sociedad civil, y atribuye a Castillo y Pepín supuestos actos de malversación de fondos públicos, peculado y otras infracciones de tipo penal en sus funciones mediante la compra grado a grado de material para pavimentar vías.

Los ex incumbentes están acusados de violar los artículos 166, 167, 174, 175, 176  y 361 del Código Penal que contemplan y sancionan la prevaricación, concusión, el delito de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad y el perjurio.

Alicia denuncia a Gonzalo

El 19 de noviembre del 2019, la periodista Alicia Ortega reveló en el programa de investigación El Informe, que Gonzalo Castillo, entonces ministro de Obras Públicas, aprobó 7 procesos de compras de excepción para hormigón asfáltico caliente (HAC), a casi 40 empresas pre aprobadas y contratadas casi todas por 300 millones de pesos, para un total de más de 11 mil 500 millones de pesos entre abril y septiembre del 2019, los 5 meses previos a las primarias de octubre.

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Estas compras por excepción fueron realizadas por obras Públicas bajo la modalidad de “exclusividad”, un mecanismo de compras y contrataciones destinado a cubrir situaciones imprevisibles, emergencias y necesidades excepcionales, ninguna de las cuales concurrían para justificar la operación.

La investigación, según las alegaciones, dejó claro que esos contratos violaron la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, que señala solo se aplica cuando hay muy pocos suplidores de bienes y servicios, a quienes la institución contratante debe tratar con igualdad.

Y en este caso hay más de 45 empresas que suplen hormigón asfáltico caliente, lo que evidencia que es irregular hacer contratos de excepción por “exclusividad” en esas condiciones.

Guido contra Andy

En la PEPCA está depositada una denuncia del abogado Guido Gómez Mazara contra el economista Andrés Dahuajre hijo, de fecha 01 de julio del año 2019, para que se investigue un contrato, como “asesor” de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Según el denuncia, Andy Dahuajre cobró 500 mil dólares por presunto soborno, bajo la condición de contribuir a establecer las bases de un perfil respecto de las características esenciales en el orden económico y financiero de las empresas que pretendían licitar, en este caso la Odebrecht, y obtener el contrato para la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina.

Caso Rivas-OMSA-Yunior Ramirez

En octubre del 2017, a raíz del asesinato del profesor Yuniol Ramírez, estalló un caso de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), por el que fueron sometidos a la justicia el ex director de la institución, Manuel Rivas, y otras personas.

Según el expediente acusatorio, el 19 de junio del año 2017, Ramírez, en su condición de presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), solicitó al imputado Rivas la entrega de la documentación correspondiente a la administración de esa empresa pública, desde el 2012 al 2017, pero nunca se le suministró.

Rivas le solicitó a uno de sus socios, Santana Zorrilla, interceder con el objetivo de que llegara a un acuerdo económico con Ramírez, quien finalmente fue secuestrado y asesinado.

Inicialmente fueron sometidos José Antonio Marcano Blanco (El Grande), Víctor Elizander Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista), Argenis Contreras, Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez y Faustino Rosario.

La mayoría se encuentra en libertad, al ser sometidos por corrupción y no por el secuestro y asesinato del jurista y catedrático, en tanto que Argenis Contreras, el imputado principal por el asesinato, escapó a Estados Unidos y se encuentra litigando contra una corte de Nueva York evadiendo su extradición.

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Caso Maritza y Michelle Ortiz

También está la denuncia de Gómez Mazara contra la ex directora del Instituto de Auxilio y Vivienda (Invi), Maritza López de Ortiz, y su hija la ex viceministra de la Juventud, Michelle Ortiz, y otros familiares.

Están denunciados por violar la ley de contrataciones públicas en perjuicio del Estado dominicano.

Aviones Súper Tucano

Desde septiembre del año 2017, la Procuraduría PEPCA hizo formal acusación contra la empresa brasileña Embraer así como al exsecretario de las Fuerzas Armadas, general Pedro Rafael Peña Antonio.

También el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Ysrael Abreu Rosario, el notario Félix del Orbe Berroa, y las empresas 4D Business Group y Magycorp.

Los imputados están acusados por los 3.5 millones de dólares que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) supuestamente pagó en soborno en 2009 para la adquisición de ocho aviones.

El más grueso: caso Odebrecht

El proceso de los 92 millones de dólares pagados en sobornos por la constructora Odebrecht para ser favorecida con obras del Estado, comenzó en la Suprema Corte de Justicia, debido a la inclusión de varios imputados con privilegio de jurisdicción.

En junio de 2017, el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, dictó medida de coerción contra 14 vinculados al caso, pero posteriormente la PGR sacó del expediente a Juan Temístocles Montas, entonces ministro de Industria y Comercio, hoy presidente del PLD, dando archivo provisional a su caso.

Luego surgieron los nombres en código que se alega involucran a legisladores y políticos en la recepción de sobornos de la firma constructora, caso que nunca fue investigado por la Procuraduría.

Hermano Gonzalo

Otra denuncia-querella del abogado Gómez Mazara es contra Gonzalo y su hermano, el ahora general del Ejército Nacional Ricardo Castillo Terrero, por la presunta comisión de actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Gómez Mazara denunció a Gonzalo y su compañía Helidosa Aviation Group por presunto enriquecimiento ilícito y violación a la ley de compras y contrataciones públicas.

Otra pieza acusatoria también señala al militar hermano del ex candidato del PLD por la supuesta comisión de lavado de activos y la violación a la ley sobre compras y contrataciones.

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Venta de Los Tres Brazos

Por el caso de la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos están sometidos el ex director de Corde, Leoncio Almánzar, y otras 15 personas, algunas de ellas ex funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Según el expediente, fueron imputados por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionarios, asociación de malhechores y abuso de funciones.

El caso aún se encuentra en fase preliminar con todos los imputados en libertad.

Caso Diandino Peña

Hace dos años la periodista Ortega presentó una investigación sobre la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y el ingeniero Diandino Peña, revelando que nueve empresas vinculadas al funcionario recibieron contratos por más de 4 mil 600 millones de pesos para la construcción de la primera y segunda líneas del Metro de Santo Domingo.

Luego del escándalo, el entonces Director General de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, informó que tan pronto se enteró de la denuncia, a través de un reportaje que realizó la periodista, procedió a recopilar informaciones para iniciar el proceso de investigación contra el ex funcionario.

Finalmente Cadet puso en manos del Ministerio Publico para que investigue si hay algún hecho que pueda reñir con la ley pero hasta hoy no se conoce de ninguna acción por parte de las autoridades  para esclarecer esos hechos.

Sobrevaluación carretera

Gómez Mazara también presentó una denuncia contra Conzalo Castillo por soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en la contratación de la carretera Cibao Sur, Uvero Alto y Sabana de la Mar.

Oisoe baila en todo

El suicidio del arquitecto David Rodríguez García, contratista de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, ocurrida en septiembre de 2015, destapó un caso de corrupción en el organismo.

A pesar de que la víctima habría ganado un concurso para la construcción de una escuela en Monte Plata, por aproximadamente 21 millones, era extorsionado por dos ingenieros, llevándolo a la desesperación por las deudas.

Caso Inaipi

Otra denuncia de Guido Gómez contra la señora Berlinesa Franco, viuda de Juancito Sport, acusada junto a un grupo de ex funcionarios del Instituto Nacional de la Primera Infancia, por presuntos actos de corrupción en la compra de mil kits de alimentos por un valor de más 100 millones de pesos.

Ese expediente está bajo investigación y le fue quitado por la PGR a la Fiscalía del Distrito Nacional junto a otros sonados casos.

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