Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La educación ha dado un giro forzado debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), la que ha provocado una crisis sin precedentes en todos los aspectos de la vida en sociedad.
La situación emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de las instituciones educativas en gran parte del mundo y todo el territorio nacional, en procura de evitar la propagación del virus y mitigar sus secuelas multifactoriales.
República Dominicana acogió ante la crisis la implementación de las clases a distancias, virtuales y semipresenciales, lo que ha dado origen a los campos de acción de despliegue del aprendizaje mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas, con o sin uso de tecnología.
El cierre de los centros educativos ha puesto de relieve la necesidad de mantener la docencia e impuesto desafíos que el país ha abordado mediante diferentes alternativas y soluciones en relación con los calendarios escolares y las formas de implementación del currículo, por medios no presenciales, con diversas formas de adaptación, priorización y ajuste.
Temores y expectativas
Un estado anímico de incertidumbre, nerviosismo expectativas se ha apoderado de la población estudiantil en este nuevo año escolar, ya que las limitaciones de la red de internet en muchos sectores, ligadas la falta de energía eléctrica y los pocos conocimientos en materia de tecnología son solo algunos de los obstáculos a los que se enfrenta la educación en la actualidad.
Otros son la falta de acompañamiento de los alumnos en el proceso de aprendizaje, la dificultad para que los estudiantes puedan mantener la atención y concentración a la hora de recibir las docencias.
El estrés y la ansiedad son otros factores que van en contra del buen aprendizaje, junto a lo que se conoce como la “brecha digital” en los países de América Latina y el Caribe, lo que refuerza la desigualdad tecnológica, económica, social y educativa.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el 2016, el promedio de 14 países de América Latina, alrededor de un 42% de las personas que viven en áreas urbanas tenían acceso a Internet en el hogar, en comparación con un 14% de aquellas que viven en áreas rurales (CEPAL, 2019). Estas cifras aumentan en gran medida si se considera el acceso a través de Internet móvil, pero pocos países cuentan con esa información.
Esperanzas en medio de la pandemia
En cuanto a la brecha digital, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lanzó un informe sobre perspectivas económicas en el que advierte que la transformación tecnológica puede representar una salida a la crisis económica y social provocada por la pandemia de COVID-19.
El informe destaca el importante papel de las tecnologías digitales durante la pandemia, y señaló que la infraestructura social y productiva de la región “no está suficientemente madura”, por lo que el rápido cambio tecnológico demanda “un desafío decisivo” ante unas tecnologías que han sido fundamentales en el campo de la salud, el aprendizaje y el comercio electrónico.
También, puntualiza algunas propuestas para universalizar el acceso a las nuevas tecnologías como son la creación de una canasta básica digital que incluya un teléfono celular, un ordenador portátil y una tableta junto a un plan de acceso a banda ancha de bajo precio. Su costo sería de alrededor del 1% del PIB y tendría que hacerse en conjunto con el sector privado.
Recomienda asimismo aplicar medidas de flexibilidad regulatoria para que haya neutralidad en la red, incentivando usos de servicios de educación, salud y gobierno mediante la aplicación de tarifas cero.
Además, aprovechar la era digital para transformar al Estado y fortalecer alianzas público-privadas y con la sociedad.
Igualmente, producir planes nacionales con agendas orientadas a cerrar lo que describen como brechas de género y territorial entre zonas rurales y urbanas.
Posición de la UNESCO
En cuanto a este tema la subdirectora general adjunta de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), Stefania Giannini, manifestó que a los 1.5 billones de estudiantes de 190 países afectados a raíz de la pandemia le recuerdan que la educación es un derecho.
“Educar y aprender tiene una dimensión social y humana que debe ser prioritaria. La pandemia nos ha enseñado que la educación también debe servir a una visión ética y no solo una visión económica”, reiteró durante el evento Retina Reset impulsado por Santander y Telefónica.
Según Giannini, las debilidades de la educación se encuentran en la inestabilidad del sistema, la brecha de desigualdad y la incapacidad para innovar.
Indicó que las formas para contrarrestar las vulnerabilidades causadas por la crisis y evitar un nuevo golpe serían promover la inclusión, la tecnología y el apoyo estatal
Sugirió a los gobiernos “pensar y actuar diferente y para ello deben priorizar la educación con paquetes de recuperación incluidos dentro de los presupuestos de cada nación”.
Explicó que solo la inclusión y el reconocimiento de la diversidad eliminan la desigualdad social por lo que la tecnología en las escuelas “no debe ser un extra, sino un recurso indispensable porque se ha convertido en una necesidad vital”.
Sobre las acciones para poder continuar en la formación de los alumnos, la subdirectora de educación de la UNESCO dijo que los gobiernos han promovido soluciones y herramientas tecnológicas para poder seguir con el ciclo educativo. Pero que considera que además de “una inversión masiva en equipo tecnológico” es fundamental formar a los profesores para utilizarla. “Los profesores en esta crisis educativa son como los médicos en los hospitales que necesitan entrenamiento para satisfacer las necesidades profesionales y tecnológicas en las aulas”.
Giannini se muestra consciente de que faltan estudios que demuestren que la educación en línea es efectiva, pero la entiende necesaria para preservar la salud en estos tiempos. “La pandemia también nos ha recordado de la importancia que tiene la salud para poder aprender y que la educación y la sanidad no son derechos que compiten entre sí, sino derechos complementarios e igualmente prioritarios”, concluyó
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