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Ven triunfo Colombia en arbitraje sirve de ejemplo a RD para litigar contra “infame peaje sombra”

Por Juan Acosta R.

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: La reciente victoria alcanzada por Colombia en un litigio internacional que le reportó el mayor arbitraje obtenido en América Latina pudiera servir de modelo a las autoridades dominicanas para procurar revertir el pago de millones de pesos por concepto del denominado “peaje sombra”.

Si la oficina contratada por el Gobierno para procurar la suspensión del pago de miles de millones por ese concepto que cubre a los concesionarios de la carretera Juan Pablo II necesitaba algún aliento, ya lo tiene.

El presidente Luis Abinader anunció el pasado 27 de febrero en su discurso de rendición de cuentas, su intención de poner fin al pago compensatorio por el déficit de circulación por la indicada vía, a través del que denominó “infame peaje sombra”.

Debido a esa imposición, el Estado se ha visto obligado a pagar, desde 2008 hasta ahora, la friolera de RD$26,835 millones como parte de los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria.

Sin embargo, como ha planteado Elcorreo.do en varias entregas sobre el caso dominicano, los representantes de los intereses nacionales asintieron a todos los pedidos que la firma seleccionada para construir la indicada vía interregional.

Con mucha suerte, los abogados defensores, en este caso la oficina de abogados del prestigioso jurista Emmanuel Esquea Guerrero, podría deshacer el nudo que ata el país a erogar hasta el 2038, miles de millones de pesos para completar la de vehículos calculados transitaría por la autovía.

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Un aspecto que podría ayudar sería convencer al gobierno colombiano “interponer sus buenos oficios”, ante la empresa originaria de originaria de la nación sudamericana.

Sería oportuno además, que se inicien contactos con la comisión que conoció el caso colombiano, presentando argumentos tan sólidos como los cálculos de movilidad vehicular por la citada carretera, preestablecidos en bases a suposiciones que esd el primer momento se comprobó su inviabilidad.

Pormenores del fallo 

Se trata del fallo que acaba de emitir el 12 de marzo, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) por sus siglas en inglés), en Washington, Estados Unidos.

Esta comisión, actuando como tribunal de arbitramiento, en conflictos económicos, que dilucidaba desde hace cuatro años, falló, a favor del Estado colombiano en una demanda por cerca de 4.8 billones de pesos (US$1.547 millones más intereses).

La demanda fue interpuesta por la firma española Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, por la intervención de Electricaribe, la empresa de energía intervenida y posteriormente cerrada por el Gobierno colombiano.

Dicho conglomerado era uno de los accionistas mayoritarios del fallecido encargado de energía de la región Caribe colombiana, la que reclamaba al Gobierno nacional le indemnizara por daños y perjuicios tras la liquidación de la empresa, que se hizo definitivo en septiembre del año pasado.

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La noticia del fallo fue dada a conocer por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que entre otras cosas se desempeñó como abogada del país en el proceso.

Dicha corporación fue la que, de acuerdo con un comunicado oficial de la Agencia, “decidió a favor de Colombia, desestimando en su totalidad las reclamaciones de Gas Natural (Naturgy), por lo que el país sudamericano no tendrá que pagar ni un solo peso de indemnización”.

La suma requerida por el conglomerado español equivalía al uno por ciento del presupuesto general que el Gobierno nacional ejecutar durante 2021.

El director de la Andje, Camilo Gómez, señaló al respecto, durante una rueda de prensa que, “esto ratifica que Colombia es un país donde los inversionistas son bienvenidos con seguridad jurídica, pero bajo el respeto estricto de las normas.

En declaraciones recogidas por el diario El Espectador, el funcionario también reconoció que la empresa española todavía podría presentar un recurso de anulación sobre el fallo.

La demanda venía en curso desde 2017, un año después de que la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia decidiera intervenir la empresa por repetitivas fallas en la prestación del servicio de energía eléctrica en siete departamentos de la costa caribe en los que tenía jurisdicción, así como problemas de financiación.

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Por dicha maniobra, los españoles argumentaban que el Estado había expropiado los derechos de la compañía en el país e incumplía la protección y seguridad plena de la que se habla en el convenio de protección de inversión con España.

El Estado, por su parte, señaló que la intervención fue legal y necesaria para asegurar los derechos de los habitantes de la región caribe, alegando que la Andje presentó pruebas sobre cómo la empresa europea debió tomar medidas para que esto no sucediera y la principal fue, precisamente, prestar un buen servicio.

“El tribunal, en distintos apartes, consideró que, conforme a las pruebas aportadas por Colombia, definitivamente no existieron para admitir los argumentos de Gas Natural en este sentido”, agregó Gómez.

Para el litigio, la Agencia contó con el apoyo de las firmas internacionales Sidley Austin LLP y Stanimir A. Alexandrov PLLC, quienes desarrollaron la estrategia empleada para defender todas las medidas del Estado colombiano que fueron cuestionadas por los demandantes.

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