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Ven pandemia de covid-19 ha puesto en evidencia la pesada carga económica del Poder Legislativo

Por Juan Acosta

-UN ANÁLISIS-

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: “Nada es tan malo que no tenga algo bueno y viceversa”, señala un popular adagio, lo que significa que después de todo, la crisis económica y sanitaria provocada por el coronavirus, ha hecho que sepamos la distorsión en la que pretendemos vivir y ser vistos.

Ante la actual situación, lo sabio sería aplicar una reingeniería en los programas de los disminuidos ingresos y gastos con que se manejará el nuevo gobierno el año entrante, cuyos ministros, en un alto porcentaje, son multimillonarios, conforme a sus declaraciones juradas de bienes. Igual situación se produce en el Congreso Nacional.

Sin embargo, las distorsiones en los gastos que prevalecían en la anterior administración, siguen sin enmienda, aunque sea temporalmente.

La más angustiante deformación de la realidad dominicana en la naciente década es el mantenimiento de un Congreso Nacional, compuesto al igual o con mayor número de miembros que naciones más desarrolladas que la República Dominicana.

Respecto a la reingeniería en el sector estatal, lo lógico es que con ésta se adecúe lo funcional a los recursos que se calculan generará el o los próximos años el llamado “tejido productivo”.

Se hace imprescindible que el gesto del presidente Luis Abinader, de renunciar a sus gastos de representación y el sueldo mensual (RD$450,000), lo que implica RD$5.4 millones al año y 65.8 millones en el cuatrienio, los que serán destinados a varias instituciones carentes de o limitados recursos.

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Se dirá que eso es en cierta forma ridículo, porque es muy poco en comparación con los requerimientos del país, pero lo importante es lo que simboliza, por la carencia de recursos que se proyecta.

Las nominillas heredadas parece que seguirán, igual que los salarios de funcionarios encargados de departamentos descentralizados, los que superan en mucho lo que devenga su jefe inmediato.

El Congreso

Reducir tanto el tamaño del actual Congreso sería la medida más sabia que se pudiera tomar, pero para ello habría que contar con la conciencia ciudadana que no tiene la mayoría de los actuales y anteriores legisladores.

Ya constituye un absurdo mantener el sistema bicameral del Poder Legislativo, cuando la mayoría de los países del hemisferio laboral de modo unicameral, con lo que se ahorraría los excesivos presupuestos que se gastan en senadores y diputados.

Entre las ventajas que se le atribuye a la modalidad unicameral esté el hecho cierto de que las leyes, resoluciones y otras responsabilidades de los congresistas se aprobarían o rechazarían a la mayor velocidad en que se producen ahora.

El presupuesto

Conforme a la distribución del presupuesto del venidero 2021 enviado por el Poder Ejecutivo, evidentemente bajo austeridad, el Congreso Nacional y la representación al Parlamento Centroamericano (Parlacen) se aprobarán de nuevo más de $7 mil 819 millones.

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Esa irracional asignación presupuestaria, lo que coloca al país como el cuarto de mayor gasto legislativo, con salarios y bonificaciones superiores a los de España, por ejemplo, además de otros privilegios conocidos.

Aunque ya luce una acción imposible de materializar, la casi totalidad de los sectores sociales entienden que en lo inmediato se impone derribar los barrilitos y cofrecitos, los que tienen proyectados RD$691.6 millones para el 2021.

Demasiado “cuarto”

En el proyecto de presupuesto para el próximo año se consigna un total de $7819,105,836 para el Congreso Nacional, de los cuales $5183,326,712, están destinados a la Cámara de Diputados, y $2635,779,124 para el Senado.

Para la Cámara Baja el monto a recibir y gastar, divididos entre los 210 diputados, incluyendo los 20 del Parlacen, cada uno dispondría de 24.6 millones de pesos anuales, y los 32 senadores a $82.3 millones.

El capítulo denominado “contribuciones especiales”, tiene presupuestado RD$461.003, 491 para el Senado, lo que arroja RD$14.4 millones para cada senador, y $230,612,789 para la Cámara Baja, lo que significa que cada ocupante de una curul dispondrá de $1.2 millón de pesos.

Esas “ayudas sociales”, son usadas por senadores y diputados para promoverse políticamente, con el agravante de que “el reparto” muchas veces son realizados sin el debido registro confiable. Son los cuartos que la población identifica como barrilitos y cofrecitos.

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El origen de esa auto asignación se produjo sin la consistencia constitucional, porque entre las responsabilidades de los legisladores, sólo están las de legislar y fiscalizar la correcta aplicación de las leyes.

Ya no provoca rubor que los representantes de la ciudadanía anuncien la entrega de regalos el Día de la Madre, del Padre, los Reyes, Navidad, Viernes de Ceniza, inicio de clases.

Citan también los requerimientos de (especialmente) sus electores para comprar medicamentos, ataúdes, exámenes de laboratorios, la comida, ropa, entre otras “responsabilidades”.

El caso dominicano

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica, de México, indicó que en el 2005 el país tenía el cuarto Congreso más caro entre 20 países de América Latina, en términos proporcionales, sólo superado por las tres mayores naciones de la región, Brasil, México y Argentina.

También la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa encontró que el Congreso Nacional era el segundo peor en falta de transparencia, mientras el Latinobarómetro registra los congresos entre las instituciones de menor crédito, 20%.

Este mal innecesario debe desaparecer, como plantea el periodista y articulista Luis Encarnación Pimentel: “hay legisladores que se hacen eternos, porque manejan recursos que otros aspirantes no tienen, dando pie a una competencia desleal. Por eso, particularmente el “barrilito”, es un adefesio que debe desaparecer del espectro político nacional”.

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