.Panorama

Ven negligencia estatal convierte ciudadanos en blancos de delitos planificados en cárceles

¿Por qué la administración Danilo prometió y no cumplió el bloqueo telefónico a reclusos?

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: En junio del pasado año el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó a las empresas de telefonía celular bloquear sus señales en unas 30 prisiones en todo el país centroamericano como parte de una estrategia para contrarrestar los altos índices de homicidios y otros delitos que se planificaban desde esas cárceles.

De inmediato se pensó que igual medida se tomaría en el país, recordándose que en el pasado se habían anunciado acciones similares que nunca fueron implementadas.

Desde las cárceles dominicanas se sigue extorsionando y ordenando el asesinato de personas por determinada cantidad de dinero.

Lo peor es que las autoridades a todos los niveles conocen los responsables de esos y otros delitos, sin cumplir con su deber de proteger la población.

Al menos así se interpreta luego de conocerse los detalles ofrecidos por la Policía Nacional relacionados al asesinato de un ciudadano recién llegado de Estados Unidos, luego de pasar casi 20 maños en prisión, acusado de un crimen que no cometió, error judicial por el cual fue indemnizado.

El parte policial al respecto señalaba que el lunes 31 de agosto, durante un asalto resultó muerto un hombre y uno de sus agresores en el sector Las Caobas, acción que fue planificada desde la cárcel de La Victoria por un recluso que cumple condena por homicidio.

Además, señaló que fueron capturados los jóvenes Carlos Alberto Amparo Montero (Guevola), de 21 años, por haber sido la persona que conducía la motocicleta en la cual interceptaron a la víctima y René Moreta, de 20 años, quien ubicó a Ruddy Antonio Quezada, de 57 años, cuando compartía con varios amigos.

Te puede interesar:   Salud Pública niega estadísticas de covid-19 traten de asustar población para que no vote día 5

Al ser interrogado, Moreta explicó que “envió una fotografías a un hermano suyo identificado como Jamel Santana Fajardo, quien cumple condena por homicidios”.

Dijo que su pariente contactó a “Caballo” y “Chino”, prófugos, y a Jonathan Alcántara Cuevas (El Chapa), de 30 años, quien resultó muerto en el lugar de los hechos, con la finalidad de despojar a Ruddy de varias prendas preciosas que usaba, tales como cadenas y guillos de oro, así como dinero en efectivo.

El informe preliminar del caso indica que Quezada estaba acompañado de varios amigos, uno de ellos, de 36 años, quien fue herido de bala en su hombro izquierdo, cuando compartían frente al tanque de acueducto del sector.

Confabulación oficial

En junio de 2017, el entonces presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, José del Castillo Saviñón, informó que ya esa institución había puesto a disposición de la Procuraduría General de la República las frecuencias requeridas para bloquear las llamadas telefónicas desde las distintas cárceles del país.

“El Indotel le ha facilitado a la Procuraduría, que es la llamada a ejecutar este programa, los usos de frecuencias requeridas y las direcciones de frecuencias para proceder con los bloqueos de señales de celulares desde los recintos carcelarios”, informó el funcionario.

Previo a ese anuncio, en enero del citado año (2017), la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que prohibía el uso de celulares, estableciendo el bloqueo de señales de estos, en los centros penitenciarios de la República Dominicana.

Te puede interesar:   El pueblo acude a votar este domingo con incógnita de si habrá o no que regresar de nuevo el 26

La pieza, aprobada en primera lectura, persigue regular las llamadas de los internos en las distintas cárceles, a los cuales se les habilitarán “casetas”, de las cuales las autoridades tendrían el control de a quiénes y hacia donde llamaban.

Casi cada año se anunciaba el inicio del bloqueo de llamadas, y nada. En 2014, 2017, 2018 y 2019, se repitieron iguales restricciones, como si la población había olvidado la recién pasada.

Burla sobre burla

Por lo menos la pasada titularidad de la Procuraduría de la República, dirigida por Jean Alain Rodríguez, parecía disfrutar de la comedia y colaborar con los delincuentes tras las rejas, porque en septiembre último recibió del anterior presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, un nuevo proyecto en ese sentido.

Las reseñas periodísticas iniciaban con “una vez más fue presentado ante el Congreso Nacional un anteproyecto de ley que busca bloquear las señales de celulares en los centros penitenciarios del país que prevendría el uso de celulares por parte de reclusos”.

“El procurador general, Jean Alain Rodríguez, visitó al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, para entregar la pieza legislativa”.

Impunidad indecente

Durante el pasado Gobierno las autoridades dominicanas se pasaron casi sus ocho de mandato anunciando proyectos para evitar que desde las cárceles del país se planifiquen actos de sicariato mediante el bloqueo de la señal.

Te puede interesar:   Aparición 971 casos de COVID-19 en 48 horas confirma autoridades frenaban pruebas por miedo a incremento de positivos

En noviembre del 2014, el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, convocó a los medios de comunicación para dar a conocer el primer sistema de bloqueo de señales para celulares instalado en la cárcel del Kilómetro 15 Azua por la empresa HM Consulting, del ingeniero Hiddekel Morrison, y el que se extendería a todos los demás recintos del país.

Se trataba de un plan piloto que se mantuvo “por varios meses”, informó Morrison, cuya empresa HM Consulting estuvo a cargo de su instalación y quien afirma operó de “forma exitosa”.

Sin embargo, fue precisamente en la cárcel del 15 de Azua  donde se planificó y dio seguimiento al atentado que casi cuesta la vida al expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, quien fue balaceado en junio de 2019 cuando departía con amigos en un centro de diversiones de Santo Domingo Este.

Conforme la investigación seguida por las autoridades, y ante la pregunta de por qué dejo de funcionar el dispositivo, la respuesta de Morrison pareció para salir del trance:

“A lo interno de los recintos penitenciarios algunos reclusos llevaron a cabo sabotajes de múltiples tipos, desde interrumpir el suministro energético hasta tumbar las antenas desbloqueadoras que se habían colocados”.

Frente a semejante salida, la reacción que muchos tuvieron fue preguntar si dichas antenas fueron puestas al alcance de los reclusos o en sus propias celdas.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba