Panorama

Ven escándalos que rodean gestión de Molina empañan la tradicional majestad del Poder Judicial

Por Suanny Reynoso

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Las constantes protestas y sometimientos en que se ve envuelto el actual  presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, le restan a esa posición del Estado la majestad que le ha sido característica en toda su historia, según observadores del acontecer jurídico del país.

Refieren que Molina  enfrenta un escenario complicado e inédito en los 176 años de existencia que tiene el Poder Judicial en la República Dominicana, lo que aseguran,  tiene de rodillas la solemnidad y el prestigio  de la justicia “como nunca antes se había registrado”.

Resaltan que por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia transcurrieron figuras  que dieron brillo a esa posición, hasta lograr un respeto en la sociedad que les daba categoría de “intocables”.

Se trata de una  posición que tradicionalmente tuvo una majestad históricamente intocable y por la que pasaron figuras notables y trascendentes de la judicatura, entre ellos Manuel de Jesús Galván, autor de la novela Enriquillo  (1883-1889); Juan Tomas Mejía y Cotes, Hipólito Herrera Billini, Manuel A. Amiama, Manuel Ramón Ruiz Tejada o el mismo Néstor Contín Aybar y Manuel Bergés Chupani, entre otros.

Todos fueron juristas muy reconocidos y respetados, que obtuvieron la veneración de la clase jurídica de su época y ejercieron sus funciones sin ningún tipo de ruido ni cuestionamientos, siempre preservando la majestad del Poder Judicial

Molina es visto como el contraste histórico

La situación de cuestionamiento que rodea a Molina se trata de  un escenario que contrasta bastante con la que exhibieron los pasados  presidentes de la Suprema Corte de Justicia, debido a  que es cuestionado por el mismo Poder Judicial, con sentencias sin precedentes,  como la que se dio el 2 de octubre 2020 en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), ordenándole reabrir “de manera inmediata” el servicio de justicia, dándole ganancia de causa al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), que así lo reclamaba.

Esa sentencia del TSA, que al final de cuenta fue desacatada por el Poder Judicial, constituyó un cuestionamiento a la gestión de Luis Henry Molina, por la forma en la que manejó el tema de la crisis de la pandemia del Covid-19, por la que decidió cerrar los tribunales, dando paso a la nueva modalidad de la justicia virtual, en franca violación a la Constitución de la República.

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A esto se suman las invitaciones hechas a Molina por la Cámara de Diputados y el Senado (esta última aún pendiente), para que explique a los legisladores las razones y fundamentos que motivaron el cierre y la paralización del sistema de justicia.

También, la confrontación el con el Colegio de Abogados, que ha emprendido varias acciones en su contra, entre ellas caminatas, marchas y piquetes frente al edificio de la SCJ, así como la solicitud al Congreso su interpelación, juicio político y destitución. La agrupación profesional  hizo igual pedimento al Consejo Nacional de la Magistratura a reunirse en enero próximo.

Otro cuestionamiento lo expuso el reconocido jurista,  Wilson Gómez, quien acusó al presidente del Consejo del Poder Judicial de abrogarse atribuciones que no les son propias, como la de legislar, que concretamente le corresponde al Congreso Nacional, destruyendo prácticamente el sistema inmobiliario.

Para Gómez, quien es además  juez del Tribunal Constitucional, resulta “incomprensible la arbitrariedad y el ejercicio abusivo de las facultades del Consejo del Poder Judicial y de funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria, que se ha manifestado con descaro con la cancelación de numerosos registradores de Títulos que han honrado la función, con un ejercicio honesto y recto durante decenas de años, apelando a una supuesta conveniencia institucional, pese a que, en algunos casos, han ingresado a la carrera administrativa y están bajo el amparo del artículo 145 de la Constitución de la República”.

Por otro lado, se refiere la famosa carta del juez  Manuel Ramón Herrera Carbuccia, considerado el jurista de mayor prestigio de la nómina de la SCJ, por su larga dada como magistrado, quien el 24 de noviembre pasado reclamó en duros términos, mediante una instancia al Consejo del Poder Judicial,  que ordene la apertura inmediata de los tribunales laborales, cerrados por instrucciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ),  Luis Henry Molina, desde mediados de marzo de este año, con  el estado de emergencia decretado en el país por la pandemia del Covid-19.

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La petición de Herrera Carbuccia  nunca fue respondida por Molina.

Hace apenas cinco días, se produjo el sometimiento  penal por ante la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra Molina, hecho  por el  miembro del propio Consejo del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo, que lo acusa de abuso de poder, corrupción y prevaricación, entre otras presuntas infracciones que deberán ser conocidas y esclarecidas por el Ministerio Público.

Según el accionante, el presidente de la Suprema  habría incurrido, además, en el delito de coalición de funcionarios y desfalco en perjuicio del poder judicial, lo que constituye la comisión de  numerosos actos de corrupción.

Recio tineo  acusa a Molina  de haber destruido todos los mecanismos de fiscalización de recursos públicos existentes, para beneficiar a sus allegados, destruir el sistema de auditoría interna y de haber contratado personas con salarios superiores a los que devengan los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

La acusación establece, además, que Molina privilegió a personas relacionadas del Ministerio de la Presidencia y del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, institución que presidió en el pasado gobierno.

Con un escenario como el descrito va Luis Henry Molina a la próxima reunión del CNM, un órgano constitucional  que de alguna manera tendrá que revisar o pedir un informe de la situación del Poder Judicial antes de proceder a la designación de los jueces de las Altas Cortes.

Lo que sí parece evidente  es que esa posible revisión sobre las actuaciones del presidente del Poder Judicial no será parte de la agenda de la próxima reunión del CNM pautada para enero próximo, en virtud de que la convocatoria se hizo exclusivamente para llenar las vacantes de cuatro jueces del Tribunal Constitucional y para evaluar al juez Francisco Ortega Polanco, de la SCJ, cuyo período está vencido.

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La inamovilidad de los jueces

El artículo 151 de la Constitución establece que los jueces “integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley”.

En ese mismo orden, el numeral 4 de artículo 3 de la Ley 138-11 que crea el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le atribuye a ese órgano la facultad de evaluar el desempeño de las jueces de la Suprema Corte de Justicia.

También el artículo 26 de esa misma ley establece que “El Presidente y sus sustitutos ejercen esas funciones por un período de siete años, al término del cual y previa evaluación de su desempeño, podrán ser elegidos para un nuevo período”.

En este apartado hay que consignar que Luis Henry Molina tiene el beneficio de la inamovilidad de los jueces y en caso de intentar alguna acción para desvincularlo del cargo, sería por la evaluación de desempeño, pero esta, según la ley, debe hacerse cada siete años y aunque se trata de una vieja discusión, no hay precedente de que se evalúe a un juez y muy especialmente al presidente de la Suprema Corte de Justicia, antes de cumplir ese período.

En la  ley ni en la Constitución  está reglamentada la inamovilidad de los jueces, pero lo que sí está claro es que esa evaluación de desempeño se refiere a la posición de juez y no al cargo de presidente de la SCJ.

En este escenario, el nuevo debate seria si el CNM en una sesión posterior en la que conozca la evaluación de desempeño de Luis Henry Molina puede removerlo del cargo,  manteniendo su calidad de juez, porque la inamovilidad solo lo beneficia para su función de juez, no como presidente de la Suprema Corte de Justicia.

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