Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Pese a que las denuncias en los medios de comunicación de que la pastora Rossy Guzmán estaría vinculada a supuestos actos de corrupción junto al mayor general del Ejército Adán Benoni Cáceres Silvestre iniciaron hace más de un año, es con el sometimiento a la Justicia de la religiosa este lunes que el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) reacciona con la aclaración de que la misma no pertenece a ningún concilio de esas denominaciones cristianas.
Las denuncias sobre el vertiginoso enriquecimiento de la pastora Guzmán y el militar Cáceres Silvestre se iniciaron a mediados del 2020 en el programa de la productora de televisión Nuria Piera.
Desde hace varios meses, la señora Guzmán fue requerida en diferentes oportunidades por el Ministerio Público para ser entrevistada sobre las denuncias en su contra, sin que se produjera una reacción de la Codue.
En julio del 2020, Guzmán se definió como una mujer común y corriente que había conocido al general a través del evangelio. “El general Adán Cáceres silvestre y esta servidora fueron conocidos a través del señor, hubo una necesidad espiritual que tuvo una de sus subalternas y él recurrió a mí”, explicó la pastora en un programa de televisión aquella vez.
Relató que el vínculo con Cáceres Silvestre se incrementó porque hubo otras “necesidades espirituales” dentro del cuerpo de Ayudantes Militares del entonces presidente Danilo Medina, por lo que volvió a ser solicitada por el general.
Reacción tardía de la Codue
“El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) se mantendrá al margen de las imputaciones en contra de la pastora Rossy Guzmán quien está vinculada por la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa en la investigación anticorrupción, denominada «Operación Coral», dice la entidad en un comunicado.
El reverendo Feliciano Lacen, presidente del Codue, dice que para la organización, “como comunidad evangélica, no es un secreto para nadie, que nos sentimos avergonzados y apenados por esta situación que está ocurriendo en esta comunidad.
Lacen manifestó, sin embargo, que el Codue se mantendrá al margen de las actuaciones de la justicia contra la pastora, y que solo “pedimos que el Ministerio Público sea justo y transparente, si hay algún culpable, entonces que caiga todo el peso de la ley”.
“El Codue se mantendrá al margen de este proceso, me imagino que ella tiene sus abogados, si hubiera un abuso, un atropello como persona, si se vulneran sus derechos, entonces nosotros podríamos levantar la bandera” dijo el reverendo al ser cuestionado sobre qué posición fijará la iglesia ante el arresto esta líder religiosa.
La pastora Rossy no pertenece a ningún concilio evangélico
Aunque el CODUE podría manifestarle su apoyo a Guzmán como organización en caso de que se le vulneren sus derechos, Lacen advirtió que esta no pertenece a ningún concilio evangélico y no posee un liderazgo de impacto parta la comunidad evangélica.
Dijo que no conoce los antecedentes de la pastora, “no la conozco personalmente, aquí hay pastores con representaciones internacionales que uno no tiene jurisdicción sobre ellos, en cuanto al Codue, ella nunca ha pertenecido a nuestra institución, nunca ha sido miembro de nuestra institución”.
La religiosa se presentó en julio del año pasado, en una entrevista televisiva como pastora en funciones de la iglesia Templo Shalom Tiempo de Paz, vicepresidenta de la confraternidad de pastores de Cristo Rey, Decana de la Universidad Teológica Latinoamericana (UTLA), Enlace entre las iglesias de Cristo Rey y Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (Conacope).
Sobre su formación académica, dijo que estudió Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y Teología en la Universidad Evangélica Dominicana (UNEV).
Guzmán fue arrestada el pasado sábado como parte de las acciones para desarticular una supuesta red de corrupción denominada Operación Coral. Junto a ella fueron detenidos su hijo, quien también es pastor, Tanner Antonio Flete Guzmán, el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Para este grupo apresado en la primera fase de la operación Coral, el Ministerio Público solicitará al tribunal prisión preventiva y la declaratoria de la complejidad del caso por la presunta comisión de delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de corrupción y porte y tenencia de armas de fuego.
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