Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: Como orgullosa descendiente de una familia de origen fronterizo, siempre me ha interesado la forma de vivir no sólo de Jimaní y los pueblos que componen la tan olvidada provincia Independencia, pues es fácil sentir orgullo cuando tu familia avanza pagando el precio del desarraigo debido a la falta de oportunidades en su pueblo natal. Todo aquel que proviene de un pobre pueblo lejano habrá de entenderme.
Aunque mi mayor placer era pasar de vacaciones con mi referente obligado, mamá Rosa, maestra destacada de su pueblo, gobernadora, activista social y la mejor abuela del mundo, siempre me ocupó ver que cada año que muchos jóvenes tomaban sus sueños y partían hacia la capital para formarse profesionalmente y seguir construyendo un mejor futuro para ellos y sus familiares, por una simple razón constante: “Aquí no hay oportunidades”.
Esta realidad formó parte de un lamento social por muchos años hasta que parte de la agenda político-empresarial de nuestro país y mediante la ley 28-01, el Estado fija su atención en las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, a las que denomina Zona de Desarrollo Fronterizo, entendiéndose que, a partir de la promulgación de dicha ley, la creación de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución vigente a esa fecha, los pueblos fronterizos obtendrían una realidad distinta.
Hasta la fecha sólo en algunos pueblos, los menos, se han instaurado zonas francas debido al esquema de incentivo contenido en la ley 28-01 modificada por la 236-05 consistente en la exención cambiaria de las importaciones de maquinarias, así como las exenciones arancelarias aplicables a la importación de materias primas e insumos, lo que permite a los empresarios interesados instaurar empresas en dicha zona con la finalidad de crear y promover puestos laborales, activar las actividades agrícolas, comerciales e industriales en la zona.
Muy a pesar de que nuestra Carta Magna en su artículo 10 dispone que tanto la seguridad como el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza son puntos de supremo y permanente interés nacional, los gobiernos han ignorado lo consagrado en la Constitución, provocando así que nuestros pueblos fronterizos sigan sumergidos en la pobreza y falta de oportunidades para sus habitantes, olvidando realmente que toda provincia es depositaria de una serie de competencias intrínsecas a sus necesidades y las competencias que territorialmente le asisten.
La agenda gubernamental actual retoma las necesidades del desarrollo fronterizo, demostrando que no todo está perdido para las depauperadas provincias que la componen, pues ha de iniciarse el desarrollo turístico de la zona sur y con este el aprovechamiento de las condiciones portuarias de otros pueblos. Mas, es indispensable tomar en consideración que, el impulso de esta zona no significa su absorción por capitales privados sea de forma directa o a través del Estado.
Estas zonas deben ser objeto de un desarrollo conjunto y pormenorizado de su estructura social acorde a los lineamientos de rigor, que garanticen no solo el empleo, sino el desarrollo de sus competencias, la satisfacción de sus distintas necesidades que deben ser suplidas acorde con la propia esencia de su población.
Recordemos que la provincia es la más original de las creaciones del Derecho Administrativo, protagonista del régimen local que le asiste y por tanto, cualquier proyecto orientado a su desarrollo, debe observar esta condición en aras de que el desarrollo económico y empresarial de dicha zona dé origen a las condiciones necesarias para cumplir el espíritu que el constituyente expresa en el artículo 10 de nuestra Carta Magna, reconociendo y desarrollando sus derechos de manera progresiva y favorable a los ciudadanos que componen la población fronteriza de nuestra nación.
