Tras denuncias de corrupción, Gobierno boliviano investiga compra de respiradores
El escándalo político y mediático sobre los respiradores saltó el pasado viernes, al día siguiente de la llegada de esos aparatos, cuando la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva denunció que los equipos no cumplían requisitos de la Organización Mundial de la Salud y no servían para ser utilizados en cuidados intensivos
Sputnik
LA PAZ.- La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, ordenó una investigación y pidió cárcel para los responsables de una reciente compra de respiradores de industria española para la lucha contra la pandemia de COVID-19, blanco de una ola de denuncias de presunta corrupción.
«Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado», publicó la gobernante en su cuenta de Twitter.
Casi simultáneamente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció la detención del encargado de adquisiciones del Ministerio de Salud, operador local de la compra de 170 respiradores artificiales que Áñez distribuía personalmente desde la semana pasada para reforzar la lucha contra la pandemia.
El escándalo político y mediático sobre los respiradores saltó el pasado viernes, al día siguiente de la llegada de esos aparatos, cuando la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva denunció que los equipos no cumplían requisitos de la Organización Mundial de la Salud y no servían para ser utilizados en cuidados intensivos.
A esto se sumó la admisión del Gobierno boliviano de que pagó 27.683 dólares por cada respirador, provocando protestas de grupos locales, incluidas universidades, que habían ofrecido fabricar los equipos a un costo promedio unitario de 1.000 dólares.
El lunes, el presidente de GPA Innova, Pau Sarsanedas, dijo a una radio local que cobró unos 10.000 dólares por cada aparato y que el saldo de lo pagado por Bolivia pudo haber ido a intermediarios.
Varios candidatos presidenciales rechazaron duramente la compra de los respiradores, por casi cinco millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y la denunciaron como un fraude, exigiendo explicaciones a Áñez.
La gobernante es también candidata para las elecciones que deberían realizarse a principios de agosto, según una ley promulgada el mes pasado por el parlamento.
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