.Panorama

Temen “balcanización” de los tribunales por dispersión de “justicia virtual”

Redacción/El Correo.do

SANTO DOMINGO: El debate sobre la justicia virtual ha disparado las alarmas sobre la posibilidad de una “balcanización” de la operación del servicio de justicia en el país, mientras abogados, jueces y fiscales mantienen posiciones encontradas sobre el “choque digital” a que ha obligado la pandemia del coronavirus y las medidas de seguridad del Estado de Emergencia.

La “balcanización jurídica” alude a un proceso de fragmentación de los procedimientos judiciales, de manera que cada instancia o tribunal impone sus propias reglas.

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) ha creado distintas coordinaciones departamentales, a las que se han trazado directrices precarias para el conocimiento de las audiencias en las Unidades de Atención Permanente, por lo que los jueces titulares de tribunales han recurrido a los magistrados coordinadores para disponer de horarios de servicios.

Está pautado que por vía de plataformas digitales los magistrados  conozcan las audiencias desde sus hogares, mientras que los imputados, sus defensores y los oficinistas se encontrarán en las sedes judiciales o palacios de justicia.

Una queja  de los usuarios del sistema de justicia es que trámites administrativos como solicitudes de audiencias o depósitos de pruebas y recursos son inoperantes a través de las nuevas plataformas.

Esta situación ha extendido el temor entre los abogados de que los procedimientos se fragmenten, debido a que cada jurisdicción o tribunal implemente métodos distintos para solucionar los  impasse tecnológicos.

Te puede interesar:   Miriam Germán no quiere cabos sueltos y asume gruesos expedientes por corrupción durante el danilismo

 El juicio de Surún

Todo se ha originado a partir de la Resolución 007-2020 del Consejo del Poder Judicial, que traza un protocolo para implementar la modalidad virtual de acceso a la justicia, como “remedio”  para enfrentar los riegos de contagio del COVID-19 entre los abogados, magistrados, imputados y servidores públicos y las aglomeraciones de personas en los tribunales.

A juicio de Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), el CPJ ha extralimitado sus competencias, debido a que es el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el que tiene potestades para emitir reglamentos o resoluciones que regulen los procedimientos judiciales. En ese sentido, el CARD ha acusado al presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, de exceso de poder y ha pedido su destitución.

Al presentar la normativa, el Consejo expresó que “este instrumento ha sido elaborado para facilitar el desarrollo de audiencias virtuales estableciendo con claridad los roles de los diversos actores del proceso y servidores judiciales en el trámite, convocatoria, preparación, desarrollo y conclusión de las audiencias virtuales”.

Asimismo, señaló que cuando el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia, las medidas de excepción, entre ellas una prolongada cuarentena seguida de un toque de queda, han obligado al país a implementar cambios en el diario vivir, imponen protocolos de higiene, seguridad sanitaria, distanciamiento físico y social, para frenar la expansión del virus que ha causando más de un millar de muertos.

Te puede interesar:   El Correo lamenta profundamente fallecimiento periodista Manasés Sepúlveda

Según el protocolo, las audiencias virtuales rigen los principios procesales y en las mismas se deben garantizar la intervención de todas las partes e intervinientes, respetando las reglas del debido proceso.

Uno de los puntos más sensibles que se plantean en el tema es cómo garantizar los derechos de los justiciables en la jurisdicción penal, ya que el Código Procesal Penal contempla el principio de inmediación que obliga a la presencia física del acusado ante el juez durante toda la audiencia.

Los corrillos judiciales de la pandemia

 En los corrillos judiciales, un comentario a la orden del día es el silencio que sobre el tema ha mantenido el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien no se ha referido al tema, mientras abogados y fiscales difieren los procedimientos implementados para mantener abierta la justicia penal.

Desde el 19 de marzo pasado, fecha en que el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia, se reclama una respuesta del sistema de justicia para evitar la parálisis de los tribunales, que ya estuvieron cerrados hasta el pasado 29 de julio.

Te puede interesar:   Seismo de 7.5 estremece a México próximo al mediodía

“Es una penosa realidad de desamparo, hay que superar los escollos y dar el salto cualitativo a una justicia eficaz, que asegure el debido proceso y la tutela judicial efectiva durante la pandemia como establecen los artículos 68 y 69 de la Constitución”, afirma en un pasillo del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la exjueza y abogada Evelyn Torres, quien escribe un artículo sobre el tema en esta edición de ElCorreo.do.

El objeto del protocolo es facilitar el desarrollo de las audiencias virtuales y asegurar el acceso a la justicia a los servidores judiciales por medio de la tecnología, para lo cual rigen las mismas reglas, principios y formalidades que en las audiencias presenciales, por lo que los principios y normas particulares de cada materia no han sido modificados.

En materia penal, el uso de la virtualidad es opcional, todas las partes deben estar de acuerdo para que pueda ser llevado a cabo el proceso virtual.

Se garantiza el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba