Abinader responde a pregunta de elCorreo.do y suspende funcionarios no presentaron declaración jurada de bienes
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Justo este miércoles, elCorreo.do lanzaba la interrogante de si el presidente Luis Abinader iba a suspender a sus propios funcionarios y seguidores reacios a presentar sus declaraciones juradas de patrimonio.
Mediante el decreto 525-20, el mandatario suspendió a ocho funcionarios, entre ellos varios viceministros y también advierte que los mismos deben presentar su declaración jurada de patrimonio en lo inmediato.
Aunque la Cámara de Cuentas había calculado que al menos 1,700 no habían cumplido con el mandato de la Ley 311-14, el gobernante sólo suspendió en sus funciones y sin disfrute de sueldo, a los viceministros Faruk Garib Arbaje y José Miguel Cordero Mora, del Ministerio de Agricultura.
Además, quedaron suspendidos el director operativo de la Presidencia Aníbal Díaz Belliard, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio A. Rodríguez, Montás, el director de Ceremonial de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco J. Cantizano Nadal.
En igual situación están el director ejecutivo del proyecto Cruz de Manzanillo, Kohuris Henríquez Disla y la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Ana María Henríquez Disla.
Abinader basó las suspensiones en la ley antes citada, fechada el 11 de agosto de 2014, que instituyó el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos.
Advertencia
El jefe de Estado fue preciso a finales del pasado agosto, que suspenderá a los funcionarios que no presentaran su declaración de bienes, si en un periodo de tres semanas, posterior al vencimiento de la fecha de entrega, no lo hacían, entonces sería destituido.
Según establece la Ley, la fecha final para hacerlo era el 15 de septiembre, sin embargo la Cámara de Cuentas dio un plazo para recibir la documentación hasta el día 28, en atención a varias quejas de mal funcionamiento de su portal digital.
El plazo para que los empleados públicos entregaran sus reportes de bienes venció el lunes a las 12:00 de la noche.
Dirección de Ética
Mientras, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, aseguró que su dependencia le ha estado dando seguimiento a las declaraciones de los funcionarios, “porque la ley es para cumplirla”.
“La ley es para cumplirla, no para guardar el papel, por lo que ahora hay que verificar los documentos entregados por los funcionarios con la Dirección de Impuestos Internos (DGII), con el registro de títulos y los bancos”, precisó.
En ese sentido, la funcionaria llamó a la Cámara de Cuentas para que aplique los poderes que le confiere la Ley 311-14, y que la DGEIG lo acompañará, dándole seguimiento”.
La citada legislación contempla sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que cuando los funcionarios no puedan probar el origen legal de los bienes que han declarado ante la Cámara de Cuentas, en el momento que les sean requeridos, podrán ser sometidos a la justicia por enriquecimiento ilícito.
También faculta al ministerio público a iniciar una investigación “por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público” obligado a presentar su inventario de bienes 30 días después de asumir y salir.
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