Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Varios abogados mantienen posiciones encontradas sobre los contratos por $36 millones de pesos otorgados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la gestión de Magín Díaz a la firma del jurista Francisco –Pancho- Alvarez, entre los que se destacan Miguel Valerio y Enmanuel Esquea Guerrero.
Ambos letrados discrepan en torno a lo ético y legal de esos acuerdos suscritos en el 2018 y renovados por el actual Gobierno, al punto que uno de ellos entiende que se trató de un abuso de poder de parte l entonces director de esa agencia recaudadora.
Para el destacado jurista Emmanuel Esquea Guerrero la oficina Headrick, de la que es miembro destacado Pancho Álvarez, “es una de las más distinguidas y representativas del derecho en nuestro país. Sus aportes al derecho dominicanos son invaluables y sus miembros resisten cualquier escrutinio de honradez y capacidad”.
En opinión de Valerio, el fundamento de los mencionados contratos del caso para cuya defensa contrató la DGII a Álvarez, un dirigente activo del movimiento cívico Participación Ciudadana, que procuraba recuperar miles de millones producto de la evasión de la empresa hotelera, no son más que una ficción”.
Así lo manifiesta un tuit colgado este sábado en su cuenta, en el que hace “una corrección de esos 6,000 millones solo están en la cabeza del señor Álvarez y el contrato contemplaba otros beneficios”
Asimismo, expresa que “esa situación que es propia de la administración y que estaba en su derecho. El señor Magín Díaz abusó del poder y lamentablemente su abogado no lo detuvo”.
Más adelante el jurista agregó: “No cuestiono el contrato, pero a mí no me tienen que presentar al señor Pancho, lo conozco bien y realmente lo que diga me tiene sin cuidado”.
Esos mensajes de Valerio fueron respondidos con mucha cortesía y diplomacia por Álvarez, quien dijo sentir “tanto orgullo que una persona que fue mi alumno haya alcanzado cotas tan altas que su profesor jamás alcanzará. Felicidades Miguel. Sé que ha sido una mezcla de talento y sacrificio”.
Lectores opinan
Decenas de lectores de elCorreo.do también han opinado sobre el tema, en la mayoría de los casos cuestionando lo que entienden es una falta de transparencia por parte de Álvarez criticar por un lado y beneficiarse por el otro.
“Estas gentes de la sociedad civil se las pasan acabando con los políticos, pero siempre están prestos para sacarle pingues beneficios a la política, y a los políticos”, comento Frederic Pichardo
Mientras que Juan Emilio expresa que “una institución pública como es la DGII debiera tener un departamento legal de abogados litigantes para defender sus intereses ante los evasores. Esa modalidad de contratar abogados externos es lo que más se parece a la falta d transparencia…”.
Los contratos
Los dos contratos otorgados al jurista fueron firmados en el 2018 por el entonces director de la DGII, Magín Díaz, los cuales fueron renovados en la actual administración de Gobierno de Luis Abinader a través de la oficina de abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández.
Álvarez Valdez fue contactado para representa el organismo recaudador en un caso de alto perfil en el área de alcoholes que involucraba defraudación fiscal que ya supera los 6,417 millones de pesos.
El monto de los contratos es de 36 millones más ITBIS por los casos Tremols y Barceló Dupuy, que totalizan 3 millones de pesos mensuales.
Un primer contrato por US$18,000.00 más ITBIS mensuales, en la modalidad de iguala, fue firmado en julio del 2018, y el segundo la misma suma en agosto de 2019.
Este viernes, los abogados Fabiola Medina y Manuel Fermín Cabal le salieron al paso a quienes han cuestionado a Álvarez por los contratos.
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