Redacción/ ElCorreo.do
SANTO DOMINGO: Las autoridades del Ministerio Público no han sometido a la justicia a ninguno de los siete funcionarios destituidos del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), pese a que hace casi dos meses del escándalo por presunta corrupción en la licitación para la adquisición de kits alimenticios.
La licitación de 100 millones de pesos fue publicada a las 6:00 de la tarde del recién pasado 31 marzo y cerrado a las 9:00 de la mañana del día siguiente, según denunció el empresario Pablo Cabrera.
Además, aseguró que obtuvo pruebas de que se trató de una maniobra del INAIPI para favorecer con el contrato sobrevalorado a un proveedor específico.
Según explicó el empresario, los kits solicitados tienen un valor de 600 pesos, pero, el proveedor que “ganó” los cotizó a 2,500 pesos cada uno.
La repercusión de la denuncia generó que el presidente Danilo Medina designara una comisión para elaborar un informe de la situación y luego de sus indagatorias, establecieron que en el proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002 para la compra de 40,000 kits de alimentación “se cometieron violaciones flagrantes a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones”.
A consecuencia de haber comprobado el fraude, fueron destituidos Ricardo Guzmán, José Domínguez y Mayra Martínez del departamento de compras del INAIPI
Además, Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pietier, responsable de Acceso a la Información Pública.
El 14 de abril, la Procuraduría General de la República apodero la investigación del caso a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos y a Laura Guerrero Pelletier, encargada de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Desde entonces, se han realizado entrevistas a todos los señalados en el proceso e incluso al empresario denunciante, sin que se haya conocido de acciones contra ningunos de los mencionados.
