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Senado interpelaría al presidente de Suprema Corte de Justicia en torno al cierre de los tribunales

Por Suanny Reynoso

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El Senado de la República estudia interrogar al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Luis Henry Molina para conversar sobre el tema de la justicia virtual que cuestiona el Colegio de Abogado de la República Dominicana (CARD) en reclamo de la apertura de los tribunales.

La revelación la hizo el senador Antonio Taveras (PRM-Provincia Santo Domingo), en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, en el que revela que la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Alta fue apoderada del proyecto de invitación a Molina y miembros del Consejo del Poder Judicial para que expliquen las razones del cierre de los tribunales.

El pasado 15 de octubre, el presidente del Poder Judicial  fue invitado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que explique los detalles del cierre de los tribunales, reunión que se prolongó por casi tres horas, pero el encuentro no produjo los resultados esperado por la entidad que agrupa a los abogados.

La  invitación del Senado al presidente de la SCJ se produce invocando el artículo 94 de la Constitución de la República donde  establece que las cámaras legislativas, así como sus comisiones permanentes podrán invitar a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios de la Administración Pública para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas.

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El párrafo uno de ese artículo señala que la renuencia de las personas citadas a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas, será sancionada por los tribunales penales de la República con las sanciones que señalen las disposiciones legales vigentes para los casos de desacato a las autoridades públicas, a requerimiento de la cámara correspondiente.

Antecedentes del cierre de los tribunales

Desde el inicio de la pandemia a mediados de marzo pasado, el presidente de la SCJ dispuso la suspensión de los juicios presenciales, anunciando que todos los procesos judiciales se realizarían a través del sistema virtual, en procura de preservar la salud de los usuarios, jueces y empleados.

La medida fue atacada por el CARD, que entiende es contraria a la Constitución que establece que los juicios son públicos, orales y contradictorios y porque, además, dicha parálisis llevaría a la quiebra total a miles de abogados que ejercen en los tribunales de justicia del país.

La confrontación entre el CARD y Henry Molina llegó a los tribunales el 8 de octubre del 2020 cuando el gremio elevo un recurso de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que acogió el amparo y ordenó al Consejo del Poder Judicial mediante sentencia la apertura de todos los tribunales a nivel nacional, decisión que no ha sido acatada por el Poder Judicial.

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El TSA también dispuso la apertura de todas las sedes judiciales, las cuales deberán ser dotadas del personal necesario para prestar un acceso real, efectivo, oportuno y presencial a todos los usuarios del sistema de justicia.

Un pleito viejo 

Se recuerda que el 20 de julio de este año, el CARD solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura que inicie el proceso de destitución de  Molina, por la presunta comisión de faltas graves en el desempeño de sus funciones, usurpación de funciones del Congreso, abuso de poder, conculcación de la tutela judicial, por mantener una parálisis judicial en violación de varias leyes, códigos y  la Constitución de la República.

En esa oportunidad, Miguel Surún Hernández, presidente del CARD, justificó el pedido de destitución por violación de la independencia de los jueces, interferencia en la administración de justicia, usurpación de funciones del Congreso y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, entre otras alegadas infracciones.

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“Los tribunales están cerrados de manera forzosa desde hace más de 5 meses, a pesar de que están abiertos restaurantes, supermercados, bancos, plazas comerciales, hoteles y otras entidades; provocado graves daños a la economía de los abogados y de la sociedad en general”, se quejó el gremialista.

Surún Hernández explicó que la Resolución del Consejo del Poder Judicial que dispone el cierre de los tribunales y la aplicación de los juicios virtuales viola la Constitución, los códigos Procesal Penal, de Procedimiento Civil, de Trabajo, de Comercio, las leyes 108-05 y 821 de Organización Judicial.

 

 

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