Panorama

Sectores de la sociedad coinciden en considerar la actual coyuntura es ideal para aprobar ley extinción de dominio

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Durante los últimos tres años ha sido un clamor casi unánime la exigencia a los legisladores aprobar cuanto antes el proyecto de ley que trata sobre la extinción de dominio.

En esa dirección se han pronunciado entidades de la sociedad civil, el Ministerio Público y algunos congresistas, por la urgente necesidad de aprobarla para evitar que los bienes ocupados a convictos narcotraficantes vuelvan a sus manos.

Muchos son los juristas que han expuesto acerca de la importancia de contar con una legislación en ese sentido, para poner fin al usufructo de riquezas con orígenes ilícitos.

Los entendidos argumentan que con las leyes actuales resulta difícil pasar las fortunas mal habidas en manos de antisociales al erario nacional, sin que se agoten largos juicios penales.

Recientemente el abogado constitucionalista Namphis Rodríguez se refirió al tema, partiendo de unas declaraciones del encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Thomas.

El jurista estimó que el diplomático estadounidense había “desengavetado un proyecto de ley que generará un debate de primer plano en la lucha contra el flagelo de corrupción pública”.

Thomas se expresó de acuerdo con el trabajo conjunto, “en el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio que permita a su gobierno (dominicano) recuperar los bienes y riquezas que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado y al pueblo dominicano”.

Rodríguez recordó cunado a principios de 2020, la pieza legislativa fue dejada sobre la mesa por el gobierno de Danilo Medina, luego de su sanción en dos lecturas por el Senado.

“El Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos busca establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales”, reiteró el jurisconsulto.

Como referencia de lo añejo que se ha vuelto la iniciática en cuestión en el seno legislativo, dijo que la figura de la extinción de dominio se introdujo en la Constitución del 2010, en el contexto del artículo 51.

Ese parte constitucional establece que “Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos contra el patrimonio público”.

Agrega además que luego de ser definitivamente juzgado el decomiso de los recursos “utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes nacionales”.

En su análisis sobre la extinción de dominio, señala el numeral 6, del citado artículo, en el que se precisa que “la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio…”

Manifestó que siendo de origen estadounidense, el instituto jurídico de la extinción de dominio ha sentado raíces en países como México, que lo introdujo en su Constitución en el 2008, y Colombia.

Cita que, en el caso de la República Dominicana, las leyes 5785 y 5924, de 1962, “permitieron la confiscación de los bienes de la familia Trujillo mediante procedimientos civiles y penales”.

Añade que, sin embargo, el régimen preceptivo de este instituto actualmente es distinto de aquella experiencia post-trujillista, “por tratarse de un proceso que persigue bienes y no personas, mediante juicios civiles contra organizaciones criminales”.

Dentro de los escollos que presentó el proyecto de ley que perimió en el Congreso estuvo el hecho de que se creaba una jurisdicción especializada para el tema, cuestión que dificulta su operatividad.

Consideró que la oportunidad que se presenta ahora “es que el presidente Abinader pudiera coordinar los esfuerzos de la comisión de abogados para la recuperación de bienes públicos creada por decreto con una vía rápida en el Congreso para la aprobación de esta ley”.

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