Perspectiva

¿Se saldrán con la suya los involucrados en turbio contrato de la basura de San Pedro de Macorís?

Redacción/ElCorreo.do

SANTO DOMINGO: Como si las denuncias de reales o supuestas irregularidades incurridas en el contrato firmado por las anteriores autoridades del cabildo de San Pedro de Macorís con la compañía Streamline Integrated Energy Corp. (SIE), los beneficiarios parecen convencidos de que nada ni nadie impedirá su consumación.

Consultado el abogado Manuel Fermín Cabral acerca del reportaje publicado en este diario se develan las irregularidades del contrato, y asimismo sobre lo difundido en otro medio digital este miércoles en el que se establece el plazo de 30 meses para su terminación y puesta en servicio, el jurista definió dicho contrato como un ejemplo de corrupción.

“No puede llamarse de otra manera un contrato donde el consultor jurídico y asesor legal del comité de compras y contrataciones de la parte adjudicadora hace un informe donde le dice que no es posible realizar esa transacción por las serias irregularidades, y a pesar de eso el alcalde lo hace, evidentemente que nada bueno se puede esperar y deja mucho que decir”, razonó Fermín Cabral.

El Correo.do publicó la semana pasada un detallado reportaje sobre los pormenores de cómo la Streamline Integrated Energy Corp. (SIE) logró anular un anterior contrato firmado por el saliente alcalde Ramón Antonio Echavarría, mejor conocido como “Tony Echavarría” con la empresa Key West Corporation, SRL, suscrito el dos de diciembre de 2016.

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“El fin de la larga historia comenzó el pasado 21 de mayo, con la publicación de una nota en la que se expresaba que el presidente de la República, Danilo Medina, había autorizado, en plena pandemia, a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y a su director ejecutivo, licenciado Ángel Canó, a suscribir un contrato de concesión a favor de una empresa denominada Streamline Integrated Energy Corp”, publicó El Correo.do.

Al respeto, Fermín Cabral explica que en el tinglado para la concesión del contrato han estado involucrados al menos un empresario y dos funcionarios del Gobierno, quienes lograron que Medina otorgara la autorización para la firma, a pesar de que el consultor jurídico emitió una opinión contraria.

Durante su participación en el programa Geopolítica que produce Nelson Encarnación, el jurista especializado en derecho administrativo y constitucional señala que resulta sospecho que la Sala Capitular rechazó el mismo contrato en 2017, pero de repente el mismo Concejo de Regidores lo aprueba ya casi al final de su mandato.

Calificó de preocupante que socios de la empresa en la que participa el senador José Hazim Frappier, anden pregonando que cuentan con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, “algo sumamente grave”.

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El anuncio de ejecución

Si bien el Poder Ejecutivo oficializó el contrato, las nuevas autoridades que se instalarán a partir del 16 de agosto tendrán que disponer una investigación al respecto, para que se establezca la diafanidad de los acuerdos sobre el particular.

Como tratando de rodear de claridad el acuerdo, la empresa ha circulado la  promoción de que “el proyecto para construir una planta generadora de electricidad que eliminará gradualmente el actual vertedero a cielo abierto del municipio de San Pedro de Macorís estará lista en unos 30 meses para producir 55 megavatios”.

El presidente de la firma, Mitchell van Heyningen, declaró que la novedosa iniciativa en el país “dejó de ser una idea y es un proyecto listo para ejecución, luego de más de 4 años de gestiones para estudiar la factibilidad, conceptualización y diseño, y completar los procesos de aprobación y permisos”.

No fue así

Lo publicado por este periódico virtual concluyó de la siguiente manera:

Documentos en poder de ElCorreo.do dan fe de que no se trató de la primera vez que la empresa Streamline intentó obtener el citado contrato por vías impropias. Los días 8 y 9 de noviembre de 2017 se anunciaba, mediante convocatoria en publicaciones de periódicos de circulación nacional, la misma “licitación pública internacional”, aquella vez con la nomenclatura LP-001-2017-ASPM. Pero el Concejo de Regidores del municipio de San Pedro frenó las pretensiones de la Alcaldía, el senador y de la empresa. Pero no valieron las advertencias.

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Este diario digital tuvo acceso a las numerosas advertencias formuladas por la empresa Key West Corporation, vía actos de alguacil, al entonces alcalde Tony Echavarría, al Concejo de Regidores, al consultor jurídico de la entidad edilicia, entre otras, a fin de que el gobierno local se abstuviera de continuar los aprestos de la supuesta “licitación internacional”.

Dichas advertencias, que incluían requerimientos de acceso a informaciones públicas que nunca fueron respondidas, resaltaban la duplicidad en la contratación y las numerosas irregularidades que por esta razón viciaban la licitación.

De todas estas advertencias, se destaca la del consultor jurídico del Ayuntamiento, quien objetó la contratación de Streamline Integrated Energy, observándole al alcalde Echavarría de las numerosas irregularidades que brotaban de la cuestionada licitación.

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