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Sánchez logra el apoyo del Congreso y convoca a un acuerdo nacional del que recela la oposición

El presidente da por seguro que pedirá otra prórroga del estado de alarma después del 26 de abril

El País

MADRID.- El confinamiento se prolongará al menos hasta bien entrado el mes de mayo. Recién aprobada en el Congreso la ampliación del estado de alarma hasta el 26 de abril, el Ejecutivo avanzó este jueves que pedirá una tercera prórroga hasta el 10 de mayo. Hay consenso político para eso, pero a cambio el presidente Pedro Sánchez ve alejarse cada vez más un gran pacto de “reconstrucción social y económica”; una suerte de Pactos de la Moncloa que se complican por la negativa del PP y los recelos de otros grupos. Sánchez convocará la próxima semana a partidos, agentes sociales y autonomías ante el huracán económico que se avecina.

El Congreso aprobó este jueves con una mayoría aplastante, como se preveía, la continuidad del estado de alarma en España hasta el 26 de abril por la epidemia de la Covid-19: los partidos independentistas se abstuvieron y solo Vox y la CUP votaron en contra. A mitad del debate, el presidente Sánchez dejó ver que hay una idea generalizada de que no será suficiente. Habrá otra petición de prórroga que llevará al confinamiento hasta el 10 de mayo, aunque es muy pronto aún para saber sus características: el Ejecutivo ha dado pistas de que está pensando en una disminución de las restricciones muy gradual y en función de los datos de contagio. El estado de alarma va para largo: eso quedó claro en el Congreso. La otra certeza que salió de la sesión parlamentaria fue la enorme dificultad del Ejecutivo para impulsar un gran pacto nacional, en la línea de los Pactos de la Moncloa.

Sánchez defendió su gestión, apenas hizo autocrítica, adelantó que el estado de alarma se ampliará y pidió a los partidos que arrimen el hombro en casa, con ese pacto de Estado, y en Bruselas, para presionar a la UE y conseguir una respuesta europea adecuada a la crisis sanitaria y económica. Pero se encontró una oposición firme durante las más de 11 horas de debate. El PP considera ese eventual pacto “un trampantojo” para que Sánchez pueda escamotear su responsabilidad en la gestión de esta crisis. Vox no va a apoyar nada de nada, toda vez que solo quiere la dimisión del Gobierno. Y los partidos favorables al diálogo están dispuestos a abrir el debate pero muestran recelos: el Gobierno solo ha informado de sus intenciones, pero no ha dado todavía un solo detalle que permita vislumbrar por dónde quiere ir. Aun así, la gran mayoría de formaciones atenderá la llamada del presidente la próxima semana, incluido el PP, pese a que Sánchez no ha precisado aún el formato ni el orden del día de ese encuentro.

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El presidente anunció que convocará a partidos, sindicatos, patronales y comunidades autónomas. Los líderes sindicales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, asistirán a la convocatoria, así como presidente del sindicato mayoritario de funcionarios (CSIF), Miguel Borra, y el líder de CEOE Antonio Garamendi.

Pero el pleno del Congreso dejó meridianamente claro que ese pacto será cualquier cosa menos fácil. El tono de reproche contra el Gobierno se agudizó respecto a hace dos semanas, cuando se acordó la primera prórroga.

El presidente habló una y otra vez de las víctimas —van más de 15.000—, de sus familias y de los trabajadores que están en primera línea contra la pandemia. Trató de buscar en todo momento un tono de concordia: el estribillo más repetido fue la apelación a la “unidad y lealtad”. Sánchez evitó la autocrítica: “Ningún Gobierno puede decir que lo ha hecho bien, nosotros tampoco, pero España ha sido el primer país en tomar medidas”. Antes de que los demás entraran en las críticas —muy duras en los casos de PP y Vox—, el presidente desgranó el calendario de las medidas adoptadas, aunque en ningún momento restó gravedad a la catástrofe humana por la pérdida de miles de vidas. Nada igual ha ocurrido en España desde la muy mencionada “gripe del 17”, recordó.

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España está aún en la fase más aguda de la crisis sanitaria, pero la crisis económica no ha hecho más que empezar. Por ello, Sánchez reclamó “un gran acuerdo para la reconstrucción económica y social en el que participen todos los actores dispuestos a arrimar el hombro”. La respuesta del líder de la oposición, Pablo Casado, fue muy dura. Le acusó de mentir, sugirió que el número de muertos es mucho mayor que el que arrojan las cifras oficiales, criticó el retraso en la adopción de medidas en un tono severo. Y cuando Sánchez y la portavoz socialista, Adriana Lastra, le respondieron con similar dureza, Casado avisó de que tras ese discurso “plagado de insultos” Sánchez no puede pedirle ningún acuerdo. “Usted mismo ha volatilizado el acuerdo que pide”, advirtió.

El aviso de que el PP le buscará las vueltas a Sánchez cuando amaine la crisis fue rotundo. “Pediremos una comisión de investigación y en ella las actas de las reuniones del comité de expertos científicos en los que dice apoyarse el Gobierno, y sabremos si hubo ocultación de datos e incluso negligencia”, avisó el líder popular. En términos penales, la negligencia de un cargo público lleva consigo una actuación judicial. “Apoyamos al Gobierno para salvar vidas, pero no para arruinar a España”, dijo. “¿Cómo puede querer un gran acuerdo si ni siquiera nos llama para acordar los decretos?”, cuestionó. Ese reproche fue repetido por casi todos los portavoces, aunque con matices.

Sánchez replicó con firmeza. Por ejemplo, le pidió a Casado explicaciones ante la afirmación de que el estado de alarma “ha desbordado los márgenes constitucionales”. El rostro de los representantes socialistas reflejó una mueca de disgusto al escuchar a Casado decir que España “no se merece a un Gobierno que le mienta”, parafraseando al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en 2019. Rubalcaba acuñó esa frase tras el atentado del 11-M, cuando el Gobierno de José María Aznar mantuvo durante 72 horas que ETA era la autora del atentado pese a los indicios de terrorismo islamista en manos de la policía y de los servicios de inteligencia.

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El crescendo de los ataques no se detuvo. “¿Cuál es el número real de muertos?”, se preguntó Casado, que aventuró que las cifras podrían duplicar las oficiales. Vox habló de hasta 40.000 fallecidos sin citar fuentes. Sánchez replicó indignado que España tiene el sistema más riguroso de Europa sobre la contabilización de esas cifras. Tras las peticiones de dimisión de Vox, el presidente acusó al partido de Santiago Abascal de usar 1,5 millones de bots para difundir bulos y noticias falsas.

El cruce de reproches no se limitó a las medidas pasadas. Varios portavoces pusieron en entredicho el levantamiento del parón de la actividad laboral, el próximo lunes. Gabriel Rufián (ERC) pidió a Sánchez que lo mantenga, porque, dijo, miles de trabajadores se volverán a juntar en el metro y en los autobuses. Tanto Oskar Matute (Bildu) como Íñigo Errejón (Más País) secundaron esa reclamación, al igual que Nestor Rego (BNG). Los diputados de JxCAT no asistieron al pleno precisamente para guardar el mismo confinamiento que el resto de ciudadanos. Joan Baldoví, de Compromís, tildó de “sucias y zafias” las intervenciones de “la derecha”, e instó a incluir la sanidad pública como derecho constitucional.

El presidente no se desdijo de su intención reanudar desde el lunes la actividad de los servicios no esenciales, a la vez que preanunció una tercera prórroga del decreto de alarma. Y aseguró que cuando empiece “la desescalada” se abordará de forma muy cautelosa“para no desandar lo andado”: ante el temor a una segunda oleada de contagios.

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