Resaltan escándalos salpican funcionarios del Gobierno en casi seis meses de gestión; familia presidencial está libre aún

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Como si se tratara de un proceder magistralmente calculado, el gobierno del cambio viene registrando una acción criticable cada vez con mayor frecuencia, situación que viene observándose desde antes del presidente Luis Abinader asumir la conducción del Estado.

La más reciente de esta conducta acaba de explotar en la Empresa Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) como centro de un escándalo por la presunta compra de 20 millones de pesos en bonos durante la recién pasada temporada navideña de 2020.

Con esta iniciativa esa empresa del Estado dirigida por Rafael Salazar, se aparta de la disposición tomada por el presidente Luis Abinader, quien instruyó a todos los directivos de las instituciones públicas para que no aprobaran gastos de esa naturaleza debido a la crisis económica que vive el país, como consecuencia de la crisis de salud generada por la presencia del Covid-19.

Según los informes, la EGEHID realizó la compra de bonos navideños en dos partidas.

La primera por RD$13,000.000.00, realizada mediante la orden número TB-290-390 con factura de fecha 17 de diciembre del 2020. La segunda compra de bonos navideños de EGEHID por un valor de RD$7,000.000.00 fue realizada mediante la orden número TB-290-390 de la misma fecha, 17 de diciembre del 2020.

El rosario de hechos

Hace poco, los medios de comunicación se han hecho eco del escándalo atribuido al suspendido regidor perremeista Oriol Santos, titular de la sala capitular de la Junta de Distrito de San Víctor, municipio de Moca.

Santos es acusado de supuestamente estar relacionado con actos graves de extorsión y recibir dinero para la aprobación de un permiso de uso de suelo, conforme al informe dado a conocer por el alcalde del municipio de La Vega y presidente de la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU, Kelvin Cruz, través de su cuenta de Twitter.

Igual que en casos anteriores, el señalado niega haber incurrido en esa falta y que lo probará “en las próximas horas”.

Otros hechos

Varios han sido los escándalos que han salido a la luz pública durante los meses de gobierno del presidente Abinader, algunos de los cuales fueron por inobservancia de la ley, mientras otros infringen normas morales.

Algunas de esas pifias se iniciaron antes de asumir sus funciones, el presidente Abinader adelantó designaciones a través de sus cuentas de twitter, algunas de las cuales recaían en una misma familia, lo que generó uno de los rechazos de la población.

Son, eso sí, casi todos con mucha preparación académica y poca edad, pero sus apellidos resonaron en los oídos ciudadanos, generando un rechazo a los agraciados de por sí, sino a sus familias de origen (De Camps; Jorge; De la Mota; Raful; Mejía; Guzmán; Castillo, Peña. Por suerte, hasta ahora, ningún Abinader o Arbaje).

Otra llamada de alerta fue la inclusión de gravámenes transitorios en el presupuesto correspondiente al año en curso, entre ellos el cobro del impuesto sobre la renta (ISR) al salario de navidad o sueldo 13.

También se intentó establecer un impuesto “transitorio” de 3% a las operaciones o consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito, débito o cualquier otro medio de pago equivalente, realizadas por residentes nacionales en transacciones de bienes y servicios. El conato fue sofocado por el mandatario.

Los impuestos fueron obviados, según anunció el gobernante en una alocución al país el ocho de octubre, anunciando un acuerdo con la Barrick Gold, consistente en el pago por adelantado de los impuestos de la empresa minera al Estado dominicano.

Semanas después, el ministerio de Educación fue el foco de atención, cuando se conoció la solicitó de compra de orquídeas “para adornar los escritorios”, por un monto aproximado de RD$700,000.

La Lotería

También se cita el intento de estafa en el que incurrió el empleado de la Lotería Nacional, Raúl Antonio Lara, mediante la falsificación del boleto ganador del premio extraordinario navideño, con un fabuloso premio millonario.

Caso Kimberly

Uno de los casos que aún se recuerda por seguir bajo indagatoria del Ministerio Público es el de la renunciante ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, debido a los cuestionamientos al nivel de su patrimonio consignado en su declaración jurada de bienes.

Reportar la acumulación de RD$106 millones sirvió de motivo para que la periodista investigadora Nuria Piera diera seguimiento del origen y desarrollo de los contratos firmados en varios ayuntamientos, así como sus nexos con los alcaldes-directores y los regidores-vocales.

Paralelo a Nuria, la Dirección de Ética Gubernamental y la Dirección de Compras y Contrataciones iniciaron un proceso investigativo para determinar si la entonces funcionaria falló a la ética, si hubo prácticas corruptas en el otorgamiento de contratos o si proveía al Estado mientras ocupaba el cargo de directora municipal de la Guáyiga.

Los contratos de Peña Guaba

Debido a que las actividades multitudinarias estaban y están suspendidas, el presidente Abinader sugirió socorrer la situación económica de intérpretes y músicos, mediante la modalidad de pago avanzado de fiestas populares.

Para esto se encargó a Tony Peña Guaba en su condición de Coordinador del Gabinete de Política Social del Gobierno, quien anunció con algarabía el reparto entre 77 artistas, mediante contratos, los RD$100 millones asignados, los que luego de denunciarse irregularidades, se convirtieron en una subvención.

Marca País y su logo

Este caso se adhiere al afán del gobierno por normalizar lo más que pueda la llegada de turistas, sector que el titular del Ejecutivo y el ministro de Turismo, David Collado, “se han echado a cuesta” desde agosto a la fecha.

Así, el pasado 20 de octubre la Comisión Multisectorial lanzó el plan y los cinco pilares de la estrategia de Marca País, lo que no trascendió tanto como el logo diseñado por la empresa mexicana Keber para promover a la República Dominicana.

Del distintivo salieron a relucir especulaciones de plagio y un logotipo parecido al de la autoría de un diseñador ruso empañaron este lanzamiento.

El costo total por el trabajo de Diseño de la Marca País y el plan estratégico para su implementación ascendió a RD$32 millones, tras un proceso licitado el año antepasado.

Para enmendar este error y no vincular al país con la reputación de un logo “dudoso”, el Ministerio de Turismo decidió no utilizarlo y convocaron un concurso para que jóvenes dominicanos diseñen uno nuevo, pero sin ánimo de reclamar la devolución de lo pagado.

Faride y el “barrilito”.

La senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, fue una campeona en criticar el cobro del denominado barrilito y el electorado le creyó. Tras recibir fuertes presiones mediáticas, Faride justificó que esos fondos serían destinados al funcionamiento de asesoría para su oficina senatorial de la capital.

Las críticas y constantes presiones las llevaron a ceder y anunciar que renunciaba de manera definitiva al “barrilito” y que someterá ante el Senado un proyecto de resolución para su eliminación, pero aún se espera que lo haga.

Los RS$60,000 de Morrison

El gerente general de Edesur, Milton Morrison, fue blanco de críticas, al revelarse la información de que su salario mensual había aumentado de RD$575,000 a 635,000, presentando una diferencia de RD$60,000, en comparación al incumbente anterior.

A modo de justificación, Morrison dijo que el incremento correspondía a una comisión para el combustible por lo que no constituía a un aumento de salario. Pero las críticas continuaron hasta que renunció al beneficio “para combustible”.

El puñetazo de Sadokys

Otro malestar fue el que involucró al diputado perremeista Sadokys Duarte, quien fue o aún es investigado simultáneamente por el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, por el Ministerio Público y el fiscal nacional de su partido.

Se le acusó de supuestamente haberle dado un puñetazo en el rostro a un agente de la Policía Nacional, durante un incidente surgido cuando el legislador intentaba evitar que se incautara un vehículo que transitaba en horario del toque de queda.

También se registra otra agresión física, esta vez proveniente del director de la Junta Distrital del Cruce de Guayacanes, Darinel Valdez, contra el exalcalde de Laguna Salada, Alberto Polanco, en la provincia Valverde.

Alias Fefey

En la continuación de hechos desagradables, fue el que involucró al Consejo Presidencial de Desarrollo Provincial, que dirige José Leonel Cabrera (Fefey) donde según el programa de investigación periodística El Informe, había comprobado un aumento desproporcionado en el gasto en la nómina, con personas que incluso no trabajan realmente.

Indicó que de gastar RD$2.2 millones en nómina, con 63 empleados, pasó a erogar más de 28 millones y tener 647 empleados en tres meses.

Faña y Gómez

Dos escándalos han estremecido el gobierno fueran ciertos o no se habría producido con el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña y la directora administrativa del organismo, María Isabel Flores Encarnación. También el que involucra al director de Aduanas de Santiago, Antonio Gómez.

En el primero, la dama acusó a su jefe inmediato de alegadamente colocar sustancias en una bebida que la inhibió, lo que habría sido por Faña para “manosearla”, por lo que fue suspendido en sus funciones

El segundo escándalo trata el caso del encargado de la oficina regional de aduanal, con asiento en Santiago, Antonio Gómez Díaz, acusado de violación sexual.

Mediante un comunicado, Aduanas dijo lamentar la situación, al tiempo que manifestó su apoyo a los afectados y reiterar que su código de conducta interna no tolera la falta de integridad y ética de sus colaboradores.

La fiscal dijo que la investigación se inició el 22 de diciembre, a raíz de que la víctima interpuso la denuncia en contra del funcionario.