¿Qué buscan las autoridades con la batalla contra el comercio manejado por ciudadanos chinos?
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Con el propósito de recuperar el equilibrio del mercado formal y frenar la competencia desleal, la Dirección General de Migración (DGM) y la Dirección General de Aduanas (DGA) redoblaron sus fiscalizaciones en los establecimientos comerciales vinculados a irregularidades migratorias y tributarias, especialmente aquellos operados o abastecidos por ciudadanos extranjeros.
La DGM anunció también la aplicación de sanciones económicas para los comercios que emplean mano de obra extranjera sin estatus migratorio legal, como establece el artículo 132 de la Ley General de Migración 285-04.
El citado artículo dispone imponer a los infractores multas que van de cinco a 30 salarios mínimos del sector público.
Las inspecciones recientes realizadas en el Gran Santo Domingo derivaron en la detención de 92 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular y se advierte que los operativos se extenderán a nivel nacional.
Estas acciones buscan corregir distorsiones en el mercado laboral, donde el empleo irregular de extranjeros se traduce en menores costos para ciertos negocios, pero a expensas de los derechos laborales, la recaudación fiscal y la equidad competitiva.
De su lado, la DGA mantiene su programa de fiscalización a posteriori centrado en comercios chinos que importan mercancías para el hogar y ferretería.
Se recuerda que la semana pasada fueron auditados cinco establecimientos en Santo Domingo y Santiago, tras identificar discrepancias en sus operaciones aduaneras y tributarias.
Los arqueos se amparan en la Ley de Aduanas No. 168-21, que permite revisar transacciones de hasta tres años atrás.
Las autoridades económicas sostienen que estas medidas buscan frenar la evasión de impuestos, recuperar ingresos para el Estado y garantizar que todos los actores económicos operen bajo las mismas reglas.
A su vez, se intenta proteger a los comercios formales y evitar la erosión del sistema de seguridad social derivada de la informalidad laboral.
La DGM y la DGA reiteraron su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho económico, como base para una economía más competitiva, ordenada e inclusiva.
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