ProCompetencia investiga dos empresas agroindustriales por violar licitaciones en los Comedores

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro/Competencia) inició una investigación contra las empresas Agroindustrias Coralis y Credi Med, por alegadas prácticas violatorias a la ley como parte de tres procesos de licitación pública realizados por los Comedores Económicos del Estado.

La apertura de la investigación fue dada a conocer por la entidd, al considerar que existen indicios suficientes de posibles acuerdos colusorios entre ambas empresas, destacándose similitudes relevantes en las ofertas técnicas y económicas presentadas en los distintos procesos de compra.

Un comunicado de prensa del organismo resalta, además, el hecho de usar el mismo notario público, “a pesar de que ambas compañías están ubicadas en provincias diferentes”.

El organismo señala que este patrón podría revelar una coordinación ilícita entre las citadas sociedades, “para manipular las condiciones de competencia y obtener ventajas indebidas en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos crudos”.

“Estos indicios sugieren que ambas empresas habrían actuado como una unidad de control y dirección, con estrategias comunes orientadas a falsear la libre competencia en detrimento del interés público”, asegura el organismo.

La nota sostiene que las acciones investigadas podrían constituir una violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, la que prohíbe de manera expresa los acuerdos entre empresas que limiten o distorsionen la competencia en los procesos de contratación pública.

Esos acuerdos, incluyen la fijación de precios o condiciones de manera concertada, lo cual conlleva una sanción que oscila entre multas equivalentes a 30 y 3,000 veces el salario mínimo.

De comprobarse esas prácticas dolosas, afectaría directamente la eficiencia del gasto público y vulneran los principios de equidad, así como la transparencia que deben regir las compras del Estado.

Sin embargo, Pro/Competencia aclaró que la apertura de esta investigación no implica ni constituye una presunción de culpabilidad, sino que se trata de una etapa inicial dentro del debido proceso legal con el propósito de esclarecer los hechos y reunir pruebas que confirmen o descarten la existencia de una infracción.

Las compañías investigadas fueron formalmente notificadas de la apertura del expediente, con un plazo de 20 días hábiles para responder y ejercer su derecho de defensa, conforme al marco legal.

De igual manera, fueron informados el Consejo Directivo, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y los Comedores Económicos del Estado.