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Presidente Abinader da un paso más en procura de recuperar dinero sustraído al Estado por la corrupción

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El presidente Luis Abinader dio este miércoles un paso más en lo que parece la determinación del Estado de sentar precedente con la recuperación de valores supuestamente sustraídos mediante actos de corrupción.

En ese sentido, el jefe del Estado emitió el decreto 22-21, mediante el cual conformó un equipo de abogados para que represente Gobierno “en las acciones y procesos tendentes a la recuperación del patrimonio que se verifique haya sido distraído de las arcas públicas, ya sea en las administraciones pasadas o en la presente”.

“Se declara de interés nacional la recuperación del patrimonio público que se haya defraudado y se precisa que la recuperación de estos bienes, valores o derechos se invertirán en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano, que es su verdadero propietario”, señala el decreto difundido este miércoles por la Presidencia de la República.

Agrega que el mismo “refleja el compromiso firme de fortalecer la institucionalidad y poner fin a la inercia que históricamente se ha mostrado al momento de promover las acciones que procuren la restitución de bienes y recursos que han sido distraídos del patrimonio público, al amparo de diversas modalidades operativas, sea por la comisión de infracciones o ilícitos penales, como por omisiones, actos de negligencia e imprudencia o violaciones a las leyes”.

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Abinader instruyó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para la conformación de un equipo de abogados “de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad” para esos fines, mientras que la contratación estará a cargo del Ministerio de la Presidencia.

En ese sentido, el Gobierno anunció la contratación del abogado Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo, en que también intervendrán los juristas José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez, como coordinadores.

También establece que el Poder Ejecutivo delega poder en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo “para que pueda dejar sin efecto -si lo entendiese necesario para los mejores fines del proceso- a

Los abogados designados como coordinadores, así como para contratar a quienes les sustituyan en tales funciones, en los mismos términos expresados en el presente decreto”.

Responsabilidades

El Poder Ejecutivo otorgó mandato expreso al equipo de coordinadores al que se refiere el decreto para que representen al Estado dominicano en los procesos judiciales y acciones legales de diversa naturaleza que sean identificadas como necesarias para recuperar bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio público bajo cualquier modalidad operativa, ya sea por sustracción, incumplimiento, desviación, así como por la comisión de infracciones o ilícitos penales; omisión, negligencia, imprudencia o cualquier violación a las leyes.

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Asimismo, instruye a todos los entes y órganos que conforman la Administración Pública centralizada o autónoma, bajo dependencia del Poder Ejecutivo, a identificar los casos de distracción de patrimonio público ocurridos, sean estos potenciales, sospechosos, presumibles o verificados tanto en el pasado como en el presente, en las instituciones que administran y a notificar al equipo de abogados contratado, que se instruye conformar en el artículo 2 del presente decreto, así como a prestar todas las asistencias, colaboraciones y facilidades que sean necesarias para la ejecución de los propósitos de este decreto.

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