Redacción/ElCorreo.do
SANTO DOMINGO: Gran preocupación va creciendo en la parte de trabajadores cesanteados por el problema del coronavirus, con el agravante de que los líderes sindicales no se dan por enterados, pese a que el próximo día 30 termina el compromiso gubernamental que a través del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) protege a los asalariados suspendidos ante el Ministerio de Trabajo.
Se calcula que desde mediados de marzo a la fecha más de un millón 100 mil asalariados han sido auxiliados por el Estado, aportando el 70 por ciento del salario mínimo que devengaba el trabajador, mientras su empleador completa del 30 por ciento restante, aunque en muchos casos no ha sido así.
Para que la ayuda haya estado llegando el receptor de ésta debía laborar de manera formal y su empleador haberlo notificado al Ministerio de Trabajo, por lo que desde ya se escuchan voces preocupadas por saber si el programa continuará cuando pase el 30 de junio.
Atendiendo recomendaciones de sus asesores en asuntos sanitarios, el Gobierno anunció la semana pasada que mantendría en la fase dos, de las cuatro que ha estableció, del estado de restricciones laborales de varios centros de producción.
El 30 de junio estaba supuesto a terminar la tercera para entrar en la cuarta con el 100% de la planilla laboral de las empresas, pero por el creciente número de contagios de covid-19 no se ha podido dar entrada a la tercera etapa de reactivación.
A pesar de que la economía se reactivó parcialmente, la cantidad de trabajadores afectados por suspensión laboral ha mantenido en alza, calculando Trabajo que actualmente un millón 138 mil 598 de los contratos suspendidos, apenas el 25.4% ha sido reactivado.
Partiendo del anterior dato, se calcula que aún quedan 289,904 trabajadores cesantes en sus procesos de suspensión laboral definitiva, en tanto que otros 823,272 siguen sin prórroga en sus estatus de trabajo.
Otros datos precisan que 921 trabajadores fueron cancelados en la primera fase, mientras otros 73,323 lo fueron en la actual segunda etapa.
Al iniciar el problema, 83,137 empleados fueron rechazados para recibir los beneficios de la fase uno y otros 43,011 en la dos totalizando 126,148 no han calificado para la ayuda gubernamental. Las pequeñas empresas han incorporado el 75% y las empresas grandes y medianas operan con el 50% del personal.
Con los aportes del Gobierno, que van desde RD$5,000 a RD$8,500, se han favorecido unos 452,177 trabajadores de la fase uno y 417,197 de la dos, suspendidos de 52,068 empresas, las que realizaron 110,390 solicitudes de suspensión de 1,138,598 trabajadores.
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