Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La cárcel aún no utilizada, bautizada como Las Parras y también Nueva Victoria, pese a que el pasado gobierno la “inauguró” a finales de 2020, sigue siendo un “elefante blanco” o construcción gigantesca, enormemente cara e inútil.
Según se afirma, la terminación del recinto penitenciario parece llegar a su fin, tras el incendio de la Penitenciaría Nacional, con un balance trágico de 13 fallecidos y cientos de lesionados, producto de la inhalación de humo.
Conforme reveló el entendido en asuntos carcelarios Roberto Santana, lo que restaba para que Las Parras entrará en operación total requería una pírrica inversión que no alcanzaba los RD$300 millones.
Sin embargo, las nuevas autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), a través del Ministerio Público (MP) sometió a la Justicia al anterior titular del organismo judicial del Estado, Jean Alain Rodríguez, acusándolo, entre otras cosas, de irregularidades en el proceso de construcción del presidio.
Por eso las instalaciones fueron incautadas y dejadas prácticamente abandonadas por casi tres años, cesando el desinterés para concluirlo, “gracias” al siniestro del 18 de marzo, y el MP decidir entregar las instalaciones al Gobierno para su terminación, que ahora se dice costaría RD$1,600 millones adicionales.
Según algunos medios de comunicación y opinantes sobre las condiciones de las cárceles nacionales, “no se entiende porqué estaba incautada la instalación, si no era necesario para seguir el proceso”.
Debido al escándalo surgido como consecuencia de las muertes y decenas de lesionados, la procuradora general Miriam Germán Brito ordenó la creación de un gabinete, el que labora de manera permanente y coordinada, enfocada en la situación de emergencia.
El organismo está compuesto por el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, el general Fernando Haché Alcántara, director de Seguridad de la PGR y el coronel policial Roberto Hernández, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
También, un representante de la Dirección General de Persecución del MP, otro de la Dirección de Cooperación Internacional y Derechos Humanos, un delegado de la Dirección General Administrativa y Financiera y otro de la Dirección Jurídica, los que están autorizados a tomar todas las medidas y acciones necesarias para asistir de manera oportuna a los privados de libertad y a sus familiares.
El organismo además tiene la encomienda de garantizar la integridad de los privados de libertad, su salud, alimentación, vestimenta, higiene y la protección integral de sus derechos fundamentales.
Otra medida dispuesta por la procuradora Germán Brito fue el traslado de más de mil privados de libertad a los recintos de El Pinito, en La Vega; Anamuya, en Higüey, y a Vista del Valle, en San Francisco de Macorís.
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