Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Varios dirigentes políticos favorecidos con el irregular archivo definitivo dispuesto por el anterior procurador general de la República volverían a verse con la justicia, tras varias semanas de análisis y denuncias realizadas por las nuevas autoridades de la PGR.
El caso regresó a los tribunales, esta vez al escenario de la jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fue apoderada de una oposición al archivo definitivo de los expedientes de Temístocles Montás, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y otros siete de los implicados en el más grande escándalo de corrupción en la historia de la República Dominicana.
Los demás encartados por los US$92 millones en sobornos que admitió la empresa Odebrecht haber pagado en el país, y que al igual que Montás aún no pueden cantar victoria, son los peledeístas Radhamés Segura y Julio César Valentín; los perremeístas Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y Ruddy González, alcalde del municipio de Azua; César Sánchez y Máximo D’Oleo, y el ingeniero no partidario Bernardo Castellanos.
La magistrada Keila Pérez Santana fue apoderada del caso por el juez coordinador de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, doctor José Alejandro Vargas, luego de recibir una instancia presentada por la abogada Evelyn Torres, representante de la Fundación Alianza Ciudadana.
La magistrada Pérez Santana deberá decidir si revoca o no el archivo firmado por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez, y Narciso José Escaño Martínez, procurador general de corte de apelación, que quien actuó como interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuando la titular Laura Guerrero Pelletier se hallaba de vacaciones.
En la instancia Alianza Ciudadana pide al tribunal acoger la objeción y revocar dichos archivos, continuar y ampliar las investigaciones indicadas en torno a los encartados, debido a las irregularidades de la que adolecen dichos archivos, tomando en cuenta la afectación social de los delitos atribuidos.
Al asumir como nuevo director de Pepca, el magistrado Wilson Camacho denunció que había producido un archivo definitivo de los expedientes de esos encartados, lo cual se hizo de manera irregular y clandestina.
Por tal irregularidad, la PGR ha llevado diligencias encaminadas a revocar los autos de archivo, debido entre otras anomalías, a que no se dio lugar a las posibles objeciones al no haberse publicado.
Arriba, de izquierda a derecha, Temístocles Montás, Radhamés Segura y Alfredo Pacheco. Abajo, en el mismo orden, Ruddy González, César Sánchez y Máximo D’Oleo.
