Redacción/ElCorreo.do
SANTO DOMINGO: Todo apunto a que a la concesión presidencial para construir y administrar el polémico aeropuerto internacional de Bávaro, provincia La Altagracia, le espera un tortuoso andar por los despachos anticorrupción.
Antes de nacer, el proyecto ya aterrizó el lunes con una denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) mediante una denuncia en la que se atribuye posibles actos cohecho.
La acción legal va dirigida contra la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y siete de sus funcionarios por no objetar la ejecución de la obra. El abogado especial apoderado de este caso es el doctor Miguel E. Valerio Jiminián.
Además de la Consultoría y el IDAC, la denuncia de la Corporación Aeroportuaria del Este señala hacia los funcionarios Johan Estrada Pelletier, Francisco Bolívar León Paulino, Julio César Mejía Alcántara, Félix Alejandro Rosa Martínez, Juan Ramón Cabrera Santana, Fredy Antonio Ruiz Lara y Julio César Rodríguez Alcántara.
Al motivar su decisión del porqué apoderó a la Pepca de su denuncia, la Corporación, entidad que preside el empresario turístico Frank Rainieri Marranzini, explica que al otorgar su conformidad y no objeción al desarrollo, construcción, operación y explotación del proyecto aeroportuario en Bávaro, “estos funcionarios podrían haber comprometido su responsabilidad penal al adoptar una decisión arbitraria, a sabiendas de las irregularidades existentes…”.
Tres días fueron suficientes
“El 23 último, los miembros de la Comisión Aeroportuaria intimados dictaron irregularmente la resolución 6796 sobre no objeción del proyecto, y posteriormente, Johann Estrada Pelletier, como coordinador nacional del USOAP y director de Vigilancia de la Seguridad Operacional del IDAC, instruyó a Francisco Bolívar León Paulino para que gestionara la aprobación del proyecto ante la Comisión de la Dirección de Navegación de ese ente, convirtiéndose así en juez y parte del referido proyecto”, refiere la instancia.
Añade que con motivo de esta acción, el señor León Paulino, “cumpliendo instrucciones del señor Estrada Pelletier, remitió el indicado proyecto a los miembros de la Comisión de la Dirección de Navegación del IDAC”.
Sostiene que esos funcionarios, “en tiempo record, de tan sólo tres días”, emitieron el “Informe de Estudio y Opinión Sobre No Objeción desde la perspectiva de los servicios de navegación aérea para la construcción del aeropuerto internacional de Bávaro”.
Readecuar terminal Punta Cana
La denuncia especifica que el informe alegadamente “contiene una serie de anomalías que hacen cuestionable el contenido y motivo de aprobación ulterior del mismo”, señalando como la principal, -según se hace constar en la página 3 del informe-, que fuera realizado sobre la base de los documentos aportados por la parte interesada, el Grupo ABRISA.
Resalta además que el propio informe sobre el proyecto, realizado por la Comisión del IDAC, establece que en dicho proyecto “hay riesgos que deben ser evaluados en concreto, especialmente porque la aprobación implicaría readecuaciones del aeropuerto internacional de Punta Cana”.
Esta última observación se produjo porque se traduciría “en graves perjuicios para este, al considerar que la distancia con el proyecto de Bávaro es de solo 16 kilómetros, equivalentes a dos minutos de vuelo”.
Los objetantes a la nueva terminal aérea agregan otro aspecto que definen de “riguroso”, es la declaración hecha por el supervisor de Servicios de Navegación del IDAC, Luis Leonardo, quien expuso a esa institución irregularidades técnicas contenidas en el informe de no objeción al proyecto.
Corrupción administrativa
En la intimación a los siete funcionarios estatales, se hace constar el carácter de “denuncia de corrupción administrativa e irregularidades” en la adjudicación del proyecto al Grupo Abrisa, con la advertencia a estos de que “deben abstenerse inmediatamente de otorgar cualquier tipo de autorización, permiso ni licencia”.
También se les intima, a no ordenar la realización de estudios técnicos, “debiendo abstenerse de suscribir poder, y cualquier tipo de contrato o documentación con la empresa aeropuerto internacional de Bávaro AIB, S.A.S., tendente al establecimiento” de la terminal aérea, hasta que finalice el periodo de transición de Gobierno el domingo 16 de agosto”.
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