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Periodista y diplomático Juan Bolívar Díaz cree no solo los políticos son responsables del atraso institucional dominicano

 Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El periodista Juan Bolívar Díaz, designado embajador dominicano en España, estimó este sábado que la frágil cultura democrática que a su juicio impera en la República Dominicana no es exclusiva de los políticos, sino que también alcanza a las organizaciones empresariales, sindicales, sociales y religiosas que se asocian al poder para gozar de sus privilegios.

En un artículo publicado en el periódico Hoy plantea que “en amplios estamentos sociales se descalifica a los partidos políticos, como si fueran los únicos responsables del atraso institucional dominicano, cuando la responsabilidad es compartida por gran parte del liderazgo social que se asocia al poder político en búsqueda de privilegios o para preservarlos”.

Declaró que indudablemente el partidarismo está enormemente desacreditado, pero que no hay diferencias en las organizaciones empresariales, sindicales y profesionales, que podrían contribuir al mejoramiento de la “institucionalidad democrática nacional”

Las tareas inaplazables del Gobierno

Díaz argumentó que el presidente Luis Abinader, ante la crisis de salubridad, económica y social y respondiendo a la promesa de cambio de la campaña electoral, está comprometido  con reformas administrativas, estructurales y legales que optimicen el gasto, robustezcan la institucionalidad democrática y salvaguarden la estabilidad político-social en el próximo año que parece crucial por los estragos del coronavirus.

Indicó que muchos creen que el Gobierno debería extender para el próximo año todos los programas de asistencia a los que han perdido el empleo o lo tienen suspendido, que en principio no se contemplaban en el proyecto de presupuesto del 2021, mientras los planificadores tratan de reducir gastos para poder mantener los programas “Fase”, “Quédate en casa” y Pa-ti”, al menos en el primer trimestre.

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Expresó que lo que si contempla es el incremento del programa “Comer es Primero”, que pasaría de 811 mil a un millón de familias beneficiarias, duplicando el monto mensual para cada una de 830 a mil 600 pesos.

“Fuentes de crédito aseguran que se busca reducir gastos no esenciales por unos 50 mil millones de pesos, implicando programas de gastos de todos los ministerios, de los poderes públicos, incluyendo el Congreso, y la reducción al 50% de la asignación a los partidos, equivalente a $630 millones, lo que estaría siendo resistido en la comisión bicameral que analiza el proyecto de presupuesto 2021” reveló.

Adelantó que el mandatario plantea apelar a la razón y el sacrificio de sectores, incluyendo a las dependencias del Gobierno Central donde se impondría un plan de absoluta austeridad, con consecuencias a quienes lo desconozcan. También tocaría a los organismos autónomos y descentralizados, incluyendo a los que tienen proporciones fijas del presupuesto.

El incremento del déficit fiscal

El periodista y diplomático explicó que la planificación del Gobierno deberá ser dirigida para que la población pueda entender la magnitud de la crisis fiscal, cultivada por una década y duplicada este año por el Covid-19, cuando el financiamiento alcanzara 8 mil 300 millones de dólares.

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“A agosto había alcanzado 300 mil millones de pesos y desde entonces a diciembre se calculan otros 185 mil millones de pesos. La deuda consolidada del Estado estaría ya sobre el 60 % del PIB” expuso.

El proyecto de presupuesto 2021 prevé ingresos por RD$746 mil millones y los gastos por RD$706 mil, de los cuales casi un tercio, el 31.9, se irán en pago de deuda pública, 19.2% para educación, 9.4 para administración, 9.2 para protección social y 7.2 para salud. Ahí se va el 76.9%, y el restante 23.1 para energía, justicia, orden público, seguridad, protección ambiental y otros servicios.

El embajador señaló que la dureza del presupuesto se hace mayor cuando se verifica que hay 23 leyes que instituyen porcentajes del presupuesto para entidades autónomas y descentralizadas del Estado, que nunca se cumplen por completo, pero las instancias de más poder defienden cada peso resistiendo reconocer la gravedad de la crisis fiscal.

En virtud de las mismas se irá en el 2021 el 6.7% del PIB o el 37% del gasto, que alcanzaría al 62% si se cumplieran al pie de la letra.

Una cultura de aprovechamiento político

Díaz consideró que es necesario que el Gobierno convenza a todos los sectores políticos y base de funcionarios sobre la extrema austeridad para afrontar la crisis y preservar la estabilidad fiscal y social, “pues se enfrenta a una cultura política dura de modificar, donde muchos de los que recién llegan a los cargos públicos, al igual que los legisladores, y los funcionarios de los organismos autónomos y descentralizados, no muestran disposición a ceder parte de sus beneficios”.

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Afirmó que por el contrario hay quienes buscan ampliarlos y extenderlos a sus familiares y relacionados.

“El aprovechamiento de lo público, la malversación y la concepción del Estado como botín de ganadores de elecciones, constituyen una cultura política vista como normal en amplios estamentos de la sociedad” aseveró.

Dijo que cada vez más los habitantes están cansados ante es práctica, coronadas por inmensa corrupción, especialmente en las nuevas generaciones y en las clases medias, como se evidenció en la Marcha Verde entre 2017-18 y en las plazas de las grandes ciudades a mediado de este año.

Recomendó a los descontentos con la forma gobernar el país a mantener un activismo crítico, pero también propositivo, realista, estimulando y aferrándose a los esfuerzos de cambios que parten del ámbito gubernamental o congresual, pero consciente de que no todos los problemas son responsabilidad de los políticos.

“Las investigaciones sociales diagnostican el gran descrédito de los partidos, de los poderes públicos, legisladores, de la justicia, la policía y, militares y hay razones para eso, pues son a quienes la población elige para encargarle la cosa pública, pero ellos no hubiesen llegado tan lejos si no contaran con la complicidad y la participación de los demás actores sociales, especialmente de los empresarios, sindicalistas, eclesiásticos, intelectuales, académicos, comunicadores” explicó.

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