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Perciben que Gobierno y JCE actúan como si desearan posposición indefinida de las elecciones de julio

Redacción/ElCorreo.do

SANTO DOMINGO: Una serie de eventos recientes y del pasado han empezado a abonar la sospecha de que el Gobierno y la Junta Central Electoral (JCE) estarían maniobrando de alguna forma para producir una posposición de las elecciones del próximo día cinco, una eventualidad que sumiría a la República Dominicana en una grave crisis política.

A juicio de analistas, la manipulación de cifras relacionadas con la pandemia de COVID-19 apunta en esa dirección, mientras la JCE ha venido asumiendo un comportamiento poco cónsono con el interés general de que el día cinco se acuda a los colegios electorales.

El Ministerio de Salud Pública, en lo que se ha asociado con una implícita admisión del fracaso de las políticas anti-pandemia que ha aplicado el Gobierno, anunció que se va a declarar una pandemia nacional para tomar medidas, lo que ha dejado atónitos al país.

En el plano electoral, el asunto viene de lejos. El 17 de julio del pasado maño diversos sectores de la sociedad civil pidieron su parecer al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, acerca de las denuncias de que precandidatos-funcionarios del Gobierno utilizaban recursos públicos, este respondió que “esas acciones serán supervisadas y reguladas”.

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Nunca se investigó ni reguló, aunque se pensó que tal violación a la ética sólo afectaba a los candidatos oponentes al oficialismo, la respuesta de Castaños Guzmán tal vez satisfizo a los afectados “y de ahí no pasó”.

Lo lamentable ha sido que como esa supervisión y regulación al parecer no se hizo, la irregularidad continuó cuando esos aspirantes se convirtieron en candidatos formales, sin que la JCE se diera por enterada.

“Hay una prohibición expresa para aquellos funcionarios que administran fondos públicos pueden aspirar, pero sujetándose a la Ley 33-18, y al Reglamento de Precampaña”, expresó entonces Castaños Guzmán.

El accionar de los funcionarios-candidatos siguió después del 15 de marzo, hasta que luego de una continua denuncia de la sociedad civil, partidos de la oposición y casi toda la población, acudieron a las altas cortes para hacer su reclamo al respecto.

Pero ni así se detuvieron en la violación de la legislación citada por Castaños Guzmán, sino todo lo contrario, se continuaron las excusas, muchas de ellas descabelladas como la dada el 12 de mayo por la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño.

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La segunda mandataria, respondiendo declaraciones de algunos dirigentes de la oposición que pedían su renuncia como directora del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, dijo que abandonar su cargo en medio de la pandemia del coronavirus, “sería una irresponsabilidad”.

“En otras condiciones yo hubiese tomado licencia y me hubiese dedicado solamente a mi campaña con Gonzalo (Castillo), pero ahora tengo que estar donde se me necesite más, para mí sería una irresponsabilidad de marca mayor, abandonar este barco que está navegando en aguas tan turbulentas”, insistió Cedeño.

Sin embargo, luego se vio precisada a tomar licencia, a pesar de su teorización, producto de la presión para que se ajustara a la ley.

La JCE siguió “ciega, sorda y muda”, ignorando que la señora Cedeño era candidata a su reelección, que administraba más de seis mil millones de pesos y era la que decidía quién se sacaba y entraba como beneficiario de la “ayuda del Gobierno”.

Sus palabras así lo dejaron al descubierto: “Debo seguir al frente del programa “Quédate en Casa”, para que la protección social pueda seguir llegando de manera eficiente”.

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Pero como dice el pueblo común, la perseverancia casi siempre facilita el triunfo, y aunque sintió la arrogancia, tan cercano como el 8 del mes en curso, la vicepresidenta Cedeño, anunció que tomaría “una licencia de manera temporal de su labor como coordinadora del Gabinete Social del Gobierno para dedicarse a la campaña electoral, “en cumplimiento de la Ley de Función Pública.

Su licencia fue más bien forzada al extremo, ya que tres días antes, se había anunciado que “el presidente Danilo Medina, a través del decreto 208-20, designó nuevos gobernadores en siete provincias, lo que fue un alivio para el pleno de la JCE, que nunca se dio por enterado de la desobediencia oficial a las leyes electorales.

 

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