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PC afirma encarcelamientos de exfuncionarios acusados de corrupción marcan un antes y un después contra la impunidad

Por Suanny Reynoso

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: La organización cívica Participación Ciudadana (PC) afirmó este jueves  que  el envío a prisión de  un grupo de ex funcionarios y testaferros, entre ellos dos hermanos del expresidente Danilo Medina, se produjo gracias al empoderamiento de la población que hizo suya la lucha contra la corrupción.

La directora ejecutiva de la PC, Miriam Díaz Santana puso como ejemplo manifestaciones de protestas contra la corrupción como   la Marcha Verde y las concentraciones  en la Plaza de la Bandera tras los fallidos comicios municipales del 15 de febrero.

Díaz Santana expreso  que  las medidas de coerción  “marcan una ruptura en ese estatus ya casi tradicional y sistémico” de que la corrupción existe, se da y de cómo se enriquece la gente en cargos públicos y no pasaba nada.

“Esa ruptura se produjo porque la población se ha ido empoderando en las exigencias para que las autoridades actúen y es lo que ha pasado ahora con ese apoderamiento que viene desde una década atrás con el accionar de los movimientos sociales”, sostuvo la representante de la sociedad civil.

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En su opinión, a partir de ese acontecimiento, en lo adelante  los funcionarios públicos van a saber que hay una justicia que comenzó a actúa, y que, si ésta  no juega su rol, entonces la sociedad le va a exigir que actué y se haga justicia con los que sustraen los recursos del Estado.

Sostuvo que PC aspira a que este sea el principio del final de la impunidad, pero que  es probable que se vuelvan a producir otros hechos de corrupción, “porque ese tipo de cultura no se va a erradicar de un momento a otro, pero ahora la diferencia será de que no se queden impunes y para eso que tenemos un sistema de justicia”.

Díaz Santana afirmó que robarse los dineros del pueblo cuando se desempeña un cargo en la administración pública “es un delito que va más allá y es por eso que ahora la población está vigilante de esas actuaciones y tiene que seguir empoderada para exigir que se sanciones” a los que ejerzan esa práctica.

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“Para contrarrestar ese problema, primero debemos reconocer las debilidades de la aplicación de la ley 340-06 sobre compras públicas, porque eso de que los familiares de los funcionarios no deben hacer negocios con el Estado, eso está claramente establecido en esa legislación, y no se está cumpliendo”, dijo.

En ese sentido, añadió que se tiene que crear la cultura en la administración publica de aplicar y cumplir con la ley, y puso como ejemplo lo que está ocurriendo en la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, cuyo titular ha cancelado 200 licencias y suspendido licitaciones en las que se han detectado irregularidades.

Estimó que lo que procede ahora es revisar la Ley de Compras y Contrataciones  e identificar las debilidades de esa legislación, reforma que, dijo, estaría entre los proyectos del presidente Luis Abinader para cumplir el compromiso que hizo con la población de fortalecer y blindar la lucha contra la corrupción.

Dijo que para revertir el flagelo de la corrupción del seno de la sociedad, es necesario introducir en el sistema educativo el tema de la integridad para sean los modelos que la juventud quiera emular, lo que propiciaría  un cambio de cultura.

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Díaz Sanana exhortó a la población y  los grupos sociales a que continúen empoderados de los asuntos del Estado, integrados a   la lucha contra la corrupción y la impunidad.

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