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Participación Ciudadana la emprende contra el PRM por ambigüedad con el nuevo Código Penal

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El movimiento cívico Participación Ciudadana la emprendió este martes contra la posición ambigua que ha mantenido la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno con la aprobación de un Código Penal que protege la corrupción estableciendo límites a su enjuiciamiento.

Responsabilizó al liderazgo del partido oficialista porque entiende las modificaciones al Código, “vulneran derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías bajo el falso argumento de querer modernizar un instrumento legal como el que actualmente nos rige, sin importar el precio que haya que pagar”.

La organización cívica indica que la dirección del partido de Gobierno no se puede escudar en el carácter corporativo del congreso para disminuir su responsabilidad en una legislación que de aprobarse llevaría el país a la norma de estados teocráticos que hoy en día son parias internacionales.

Hizo un llamado al presidente de la Republica, Luis Abinader, a que cumpla con su palabra y ejerza su liderazgo en la bancada de su partido.

Indicó que el proyecto aprobado en el senado y ahora en primera lectura en la Cámara de Diputados, establece una prescripción de 20 años a los delitos de corrupción violando la norma constitucional y la jurisprudencia prevaleciente.

“La corrupción se ha convertido en un problema mayor en nuestro país, llevándose importantes recursos públicos que impiden atender adecuadamente la salud del pueblo dominicano, por lo que debería colocarse al lado de los crímenes de lesa humanidad y hacerse imprescriptible, lo que es permitido por el artículo 146 constitucional”, expresa el documento del Consejo Nacional de la organización.

“Los diputados acaban de aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho”, enfatizó.

“Para Participación Ciudadana resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo; cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada”, sostiene.

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La organización asegura que el Estado está en la obligatoriedad de proteger la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad a la mujer, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar tales fines.

“Pero que también hay que reconocer que se trata de un tema que afecta la salud y la vida sobre todo de las mujeres más desfavorecidas que están en una condición de total indefensión”, agrega.

Hace tres años el proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de diputados obviaba derechos de las mujeres reconocidos en más de 190 países, ahora el proyecto aprobado en el senado violenta además los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que ha obligado a decenas de organizaciones nacionales e internacionales a dar un grito de alarma ante este retroceso institucional expresa el documento.

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