Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Ante las críticas generadas por el proyecto de ley para la protección de migrantes víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, adelantó este jueves que la pieza no será festinada, al tiempo de pedir mesura a la opinión pública.
Las críticas a la propuesta gubernamental llevada al Legislativo el pasado diciembre, se iniciaron luego de ser dado a conocer esta semana por el periódico Listín Diario varias entregas sobre lo que establece esta pieza.
“Nada se ha precipitado, apenas se ha ido leyendo. No se ha hablado de emitir informe. Tomando en cuenta la opinión pública, se ha visto que como otros que han llegado se han modificado”, observó Estrella.
En ese sentido, el líder congresual preguntó y comentó “¿Cuántos proyectos del Poder Ejecutivos no se han modificado? La comisión que estudia el proyecto, tomó la decisión de convocar a vistas públicas a partir de la siguiente legislatura”.
“Este proyecto lo vamos a someter a vistas públicas para escuchar todos los sectores de la vida nacional y tengan la seguridad que se le harán todas las modificaciones a los artículos que haya que modificar que no correspondan con el interés nacional”, señaló.
Sobre la estructura del proyecto que fue depositado, el representante senatorial de la provincia Santiago señaló que se trata de un modelo implementado en otros países, donde ha funcionado, pero que debido a la realidad migratoria del país, este se debe “adecuar”.
Las objeciones
A pesar del mensaje de calma ofrecido por Estrella y otros senadores, los voceros de los bloques del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), reiteraron sus críticas contra el gobierno por la pieza presentada.
El portavoz de la FP, Dionis Sánchez, señaló que en el citado proyecto “está expresado lo que realmente siente el equipo que está gobernando, que no creen en este país, en la soberanía, creyendo que pueden hacer de este país un centro de refugiados”.
De su lado, el vocero del PLD, Yván Lorenzo, dijo que el gobierno “atropella la soberanía nacional con el mamotreto de la iniciativa que han presentado al Senado de la República”.
“La actual gestión trata de generar o crear un impuesto para privilegiar a los nacionales haitianos que son víctimas de trata, pero no trata de crear un impuesto para los fronterizos que han permanecido venciendo la inclemencia del tiempo y de las dificultades”, criticó Lorenzo.
El proyecto
El proyecto del Poder Ejecutivo toma en consideración disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, aprobada por el Congreso Nacional con la Resolución 694 del 10 de diciembre de 1977.
Entre estas se cita la prohibición de expulsar o devolver los refugiados a las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
Además, brindarles “todos los servicios de asistencia, atención y protección a las víctimas o sobrevivientes de trata”, así como darle a los refugiados un trato similar a los nacionales.
La República Dominicana también se comprometió a cumplir el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, aprobado por el Congreso el 15 de diciembre de 2000, por lo que nada podrá afectar los derechos y responsabilidades de los Estados y el derecho internacional, garantizando el principio de no devolución.
Los refugiados también serán elegibles para programas de identificación y para ser favorecidos con programas subsidiados de salud “hasta tanto sean necesarias las medidas de protección”.
En materia de trabajo, los Estados concederán a los refugiados el mismo régimen salarial, edad mínima de trabajo y formación que favorece a los nacionales.
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