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Opaco contrato de basura en SPM hiede más que el río Higuamo en su mejor época de contaminación

Redacción/ ElCorreo.do

SANTO DOMINGO: Lo que parecía un acto de buenos deseos para mejorar la salud y el medioambiente de la ciudad de San Pedro de Macorís mediante la firma de un contrato con la compañía Streamline Integrated Energy Corp. (SIE), ha devenido en una gran estafa en cuyo entramado participaron poderosos sectores económicos, en componenda con las autoridades edilicias que hace poco concluyeron su gestión.

En pocas palabras, la operación huele tan mal como la basura en descomposición que serviría de insumo para la producción de energía eléctrica.

La pregunta que muchos se hacen, luego de conocer algunos aspectos de la trama es  ¿cómo se explica que el saliente suscribiera un contrato con la empresa Streamline pese a las numerosas objeciones, incluso desde lo interno del Ayuntamiento? La única respuesta razonable es “corrupción”, porque no pueden alegar ignorancia.

El fin de la larga historia comenzó el pasado 21 de mayo, con la publicación de una nota en la que se expresaba que el presidente de la República, Danilo Medina, autorizó, en plena pandemia, a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y a su director ejecutivo, licenciado Ángel Canó, a suscribir un contrato de concesión “a favor de una empresa denominada Streamline Integrated Energy Corp.”, para la instalación de una planta energética en el municipio de San Pedro de Macorís.

La justificación del acuerdo fue que se trataba de una planta de energía a partir de los residuos sólidos que se producen en la provincia, pero “un manto de misterio e irregularidades graves”, comprobadas por ElCorreo.do, se acumula detrás de un extraño contrato dado durante la emergencia.

Concesión para producir energía

La concesión para producir energía a partir de los desechos sólidos bien pudo ser un ardid, pues se trata de un multimillonario negocio que surge también de otro contrato de concesión: el que fue suscrito con el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís el siete del recién febrero de 2020. El pacto para el cambio de concesionario fue firmado por el alcalde que salió el 24 de abril pasado, arquitecto Ramón Antonio Echavarría, mejor conocido como “Tony Echavarría”.

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Con base a este contrato, la empresa Streamline Integrated Energy obtiene la basura que utilizaría la planta para producir energía, pero antes de la oficialización del acuerdo contractual, se produjeron varias “coincidencias”, entre estas: ¿Cómo se obtuvo este último contrato con el Ayuntamiento?

Fuentes acreditadas informaron a este medio que todo se trató de una licitación “montada” enteramente por la empresa que resultó adjudicataria”, con la participación del entonces alcalde Tony Echavarría, y bajo la coordinación del actual senador (antes del PRSC y luego del partido de Gobierno), José Hazim Frappier (“Josecito”).

Más “coincidencias”

Otra de las “coincidencias” en esta multi-concesión fue que la esposa del senador era la candidata a la alcaldía de San Pedro, cuyo triunfo significaría una continuación “sin tropiezos” del acuerdo. Pero los planes se alteraron porque fue vencida por la oposición, lo que si se escudriña se sabrá que, conforme a la documentación del proyecto, uno de los socios de la Streamline Integrated Energy es la Universidad Central del Este (UCE), propiedad del consorte de la derrotada candidata a alcaldesa derrotada.

También resulta una novedad que un influyente empresario “del sector gasero”, conocido por su agresividad en los negocios, sea “la tercera pata de la mesa del negocio de procesamiento de los desperdicios de Macorís del Mar”.

Según han confiado fuentes, además participan en el negocio otros dos altos funcionarios del Gobierno, “uno muy vinculado a planes de reforma de vertederos en el país”, que aspiró y perdió en las municipales, y el otro, “una persona clave en la campaña del actual candidato por el oficialismo, Gonzalo Castillo”.

Lo más grave

La historia de esta trama, se asegura, “es más grave”, pues parece que se llegará a la conclusión de que se trató de una entrecomillada licitación “internacional”, sin oferentes y sin que se verificaran publicaciones en medios internacionales, como en efecto se requiere para este tipo de licitaciones. Los conocedores de las interioridades del asunto concluyen convencidos de que el propósito final buscaba en realidad, “despojar de la adjudicación a una empresa que previamente, en el año 2016, había resultado adjudicataria de la misma licitación y del mismo contrato”.

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Se trataba de la empresa Key West Corporation, SRL, la cual suscribió el dos de diciembre de 2016 el mismo contrato con la alcaldía petromacorisana, denominado entonces “Contrato para el Depósito y Tratamiento de Desechos Sólidos”.

Dicho acuerdo estuvo identificado con el número 123-2016 y cuyo objeto radicaba en el establecimiento y regulación de los términos “para la prestación, por parte de Key West Corporation, de los servicios de disposición y manejo de desechos sólidos urbanos, rurales, industriales y de alta peligrosidad, generados en el ámbito territorial del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís”. Incluso, en el acuerdo se previó igualmente la construcción de una planta de generación de energía a partir de desechos sólidos.

Aún hay más

Más aún, documentos en poder de ElCorreo.do dan fe de que no se trató de la primera vez que la empresa Streamline intentó obtener el citado contrato por vías impropias. Los días 8 y 9 de noviembre de 2017 se anunciaba, mediante convocatoria en publicaciones de periódicos de circulación nacional, la misma “licitación pública internacional”, aquella vez con la nomenclatura LP-001-2017-ASPM. Pero el Concejo de Regidores del municipio de San Pedro frenó las pretensiones de la Alcaldía, el senador y de la empresa. Pero no valieron las advertencias.

Este diario digital tuvo acceso a las numerosas advertencias formuladas por la empresa Key West Corporation, vía actos de alguacil, al entonces alcalde Tony Echavarría, al Concejo de Regidores, al consultor jurídico de la entidad edilicia, entre otras, a fin de que el gobierno local se abstuviera de continuar los aprestos de la supuesta “licitación internacional”.

Dichas advertencias, que incluían requerimientos de acceso a informaciones públicas que nunca fueron respondidas, resaltaban la duplicidad en la contratación y las numerosas irregularidades que por esta razón viciaban la licitación.

De todas estas advertencias, se destaca la del consultor jurídico del Ayuntamiento, quien objetó la contratación de Streamline Integrated Energy, observándole al alcalde Echavarría de las numerosas irregularidades que brotaban de la cuestionada licitación.

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Se trató del “informe jurídico con relación al proceso de licitación pública internacional ASPM-CCC-LPI-2019-0001, de la concesión del servicio para tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos del MSPM”, de fecha 23 de enero de 2020, realizado por el doctor Ángel Luis Jiménez Zorrilla, consultor jurídico y miembro del Comité de Compras y Contrataciones del mismo Ayuntamiento.

Artículo 148 de la Constitución

En dicho informe se decía que la responsabilidad de la entidad municipal se encontraba “seriamente comprometida” a la luz del artículo 148 de la Constitución y que lo procedente era cancelar dicho proceso a la mayor brevedad. Pero el alcalde Echavarría estaba ya comprometido…

“Ya el alcalde estaba comprometido completamente con Josecito Hazim y el americano que fue clave en todo ese entramado”, afirmó la fuente refiriéndose en este último caso a Mitchell Wilfred Van Heyningen, representante de la compañía Streamline Integrated Energy Corp. (SIE) y quien presumía de contar “con el respaldo en pleno de la Embajada de los Estados Unidos”.

Agregó que “la idea era darle ese contrato a Josecito, quien pondría los terrenos pertenecientes a la UCE para instalar la planta y quien también garantizaba la continuidad del contrato con su esposa al frente de la alcaldía”…pero ella perdió.

Según los informes ofrecidos por más de una fuente, una vez oficializado el contrato, se conseguiría la concesión en el Poder Ejecutivo con la participación de (…), quien aseguró un precio por tonelada óptimo para el proyecto a través de él y que además “intercedería en la Comisión Nacional de Energía para recibir rápidamente la concesión definitiva”.

Y así fue…

Al parecer así se hizo, pues el presidente de la República, en medio de una pandemia y de una emergencia, firmó el poder especial para el director ejecutivo de la CNE, Ángel Canó. El exalcalde Echavarría, de su lado, consiguió la nominación a la senaduría por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y “algo más”, triunfo que está en entredicho, pues su nominación sólo va con el respaldo de su menguado partido.

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