Odebrecht dejó deuda por US$4 millones al Estado por trabajos no concluidos en Punta Catalina
Por Suanny Reynoso

Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La constructora Odebrecht entregó planta Punta Catalina I sin la debida terminación, dejando una deuda de unos US$4 millones de dólares que la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) asumió para concluir los detalles que aún faltan, lo que a juicio del ministro de Energía y Minas es una violación contractual.
Al hacer la revelación este martes, ingeniero Antonio Almonte resaltó que la empresa al aceptar la obra se comprometió de que en caso de no terminarla, el contratista debe devolverle el costo del mismo al Estado y eso no se ha cumplido.
Narró que de acuerdo al contrato, ya llegó el período de vencimiento de la garantía de esa planta, sin que se hayan terminado con algunas reparaciones y comprados algunos accesorios, lo que se denomina “lista de reparaciones” que debe cumplir el contratista antes de entregar la obra ya terminada.
“Eso significa que las dos partes, el Estado y Odebrecht, se ponen de acuerdo sobre el conjunto de reparaciones y compras que hay que hacer antes de la fecha final de vencimiento de la garantía de la planta, pero extrañamente, el 31 de julio pasado, antes del cambio del Gobierno, la CDEEE firmó un acuerdo con Odebrecht asumiendo la responsabilidad de invertir cuatro millones de dólares para cubrir los mismos”, dijo el funcionario
Advirtió que ese acuerdo, donde la pasada administración de la CDEEE asume responsabilidades que están supuestas a ser cumplidas por el consorcio constructor según el contrato, está bajo investigación, porque el contrato dice claramente de que en caso de que se llegue a término y falten algunos trabajos por hacer, el contratista de devolver ese costo al contratante, que son dos partidas de más de US$4 millones de dólares.
El ministro se quejó porque el 3 de noviembre del 2019, la anterior administración de Punta Catalina recibió “conforme” la planta número uno, pero ese fue un recibimiento provisional, en el sentido de que ahí comenzaba la operatividad de la planta bajo la dirección exclusiva de la CDEEE, quienes son los responsables de todo lo que ocurrió allí.
Almonte explica que con la llegada del nuevo Gobierno, ese ministerio realizó un levantamiento de la obra, encontrando una series de vicios, algunos de ellos muy serios y graves, por lo que se comunicó con la empresa constructora haciendo los reclamos de lugar para corregir o reparar esas fallas, pero que Odebrecht respondió que esa era una responsabilidad de la CDEEE y el administrador de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder.
«Aristy Escuder es un mentiroso»
Por otro lado, Almonte llamó “mentiroso” al ex administrador de Punta Catalina, Aristy Escuder, por afirmar que la reciente salida de servicio de esa termoeléctrica, el primero de octubre, se debió a un cese programado para corregir algunos errores, de la cual tenían conocimiento las nuevas autoridades.
“Esa no fue ninguna salida programada. Eso fue una salida de emergencia, provocado por un desajuste que ellos debieron resolver antes de entregar el mando”, manifestó el funcionario durante una entrevista en el programa El Día por Telesistema.
“Él no sabe lo que dice o no sabe lo que está hablando o sencillamente le está mintiendo al pueblo, diciendo que la planta estaba programada para salir de servicio el primero de octubre para un mantenimiento normal, lo cual no es cierto”, apunto Almonte
Sostuvo que “hay una tergiversación o un intento de manipulación de la opinión y lo digo responsablemente, porque esa última salida de operación de Punta Catalina, se debió al desgaste de una junta de expansión del sistema de calidad, la cual simplemente fallo, generando un cambio brusco en la caldera y la planta se apagó”.
Insistió en que “esa no es una parada programada, porque cuando se trata de una salida programada para mantenimiento y revisión, eso se hace siguiendo un protocolo pero cuando hay una falla súbita, inesperada en planta o equipo, estamos ante una parada de emergencia”.
Somos un medio independiente que asume un compromiso con la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información de los ciudadanos.