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Nombramientos de Milton Morrison en Edesur y Limber Cruz en Agricultura violan Ley de Función Pública

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Los nombramientos del ingeniero eléctrico Milton Morrison como gerente general de la Empresa Distribuidora de Energía Sur (Edesur), y el productor agrícola y economista Limber Cruz como ministro de Agricultura, violan flagrantemente la Ley de Función Pública y ponen de nuevo sobre el tapete el tema del conflicto de intereses.

Se trata de funcionarios que tienen intereses o comparten intereses en los sectores donde desempeñan sus respectivos cargos.

Igual ocurre con el empresario del transporte Rafael Arias, nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), cuya designación ha sido cuestionada por otros sindicatos del mismo sector.

El reconocido técnico  eléctrico Morrison, es un antiguo vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), que aglutina las empresas del sector, actividad de la que se desligó en marzo de 2017 para dedicarse a la política, cuando fundó el partido País Posible, que acudió aliado al PRM en las pasadas elecciones.

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En tanto que el agroempresario Limber Cruz López, a quien apodan “el rey de los platanales del Cibao”, también conocido como “uno de los mayores productores de plátano de la región” es un licenciado en Economía egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, designado como ministro de Agricultura, se le conoce como un exitoso productor agrícola y ganadero de alta genética.

Debido a sus prolíficos aportes al desarrollo económico y social de su provincia de La Vega, y otras zonas de la región del Cibao, ha recibido varios premios y reconocimientos, por su destacada labor y el desempeño de sus funciones.

En el plano político, fue encargado de campaña de Luis Abinader, así como coordinador municipal y provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y organizador general del Cibao para el ex mandatario Hipólito Mejía.

En el caso de Rafael Arias, es un antiguo vicepresidente y gerente general de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), empresa del transporte que en el pasado reciente criticaba las acciones y medidas adoptadas desde el Intrant en la aplicación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

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El marco legal

El artículo 80 numerales 9 y 16, de la Ley 41-08 sobre de Función Pública, se pone en relieve la irregularidad de esas designaciones toda vez que prohíbe el ejercicio de actividades en las que se plantee un conflicto de intereses.

El numeral 9 de dicha legislación prohíbe expresamente a los funcionarios “participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el servidor público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política que en algún modo plantean intereses”.

Mientras que el numeral 16 expresa que le niega “actuar en aquellos casos en que tengan intereses particulares que planteen conflicto de intereses para el servidor público”.

Cuestionan designaciones

 La nueva directora de la organización cívica del Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana, criticó el nombramiento de Arias en el Intrant, indicando que se trata de un error, en el entendido de que esa persona ha estado involucrada con una de las compañías transportistas que se disputa el dominio y el control del transporte en el país.

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A juicio del sindicalista Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), el nombramiento Arias  “es un salto al vacío” y que el mismo constituye “un golpe mortal” al movimiento choferil del país”

Apuntó que dicha designación es cuestionable porque el nuevo funcionario pertenece a otra empresa del transporte y que ahora una entidad choferil como Conatra será la que reorganice a los otros gremios con los que compite en el negocio de transporte de pasajeros, afectando los intereses de otras empresas del sector.

 

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