Redacción/El Correo
Uno de los derechos fundamentales que consagra la Constitución de la República Dominicana es el de la educación y para su desarrollo participan distintos agentes.
La intervención de la Iglesia Católica en centros educativos ante los ojos de la población dominicana es considerada como algo normal, son instituciones financiadas con el dinero del pueblo pero dirigidas por representantes religiosos.
En un país donde su educación ocupa los últimos lugares en estudios como el Informe PISA no debe ser sorpresa que el nivel académico de la mayoría de estudiantes sea malo o muy malo. Sin embargo, los centros públicos administrados por sacerdotes trazan una línea de exclusividad donde sólo entran los estudiantes con altas notas, tal es el caso de la Escuela Técnico Profesional Movearte.
Incoherencia es una palabra que define la gestión de los administradores cristianos, ya que la Iglesia Católica se contradice de sus principios al elegir grupos de estudiantes selectos para recibir educación en sus escuelas, y este centro en particular llama la atención debido a la posición económica de los estudiantes, ostentada en vehículos que generan un tráfico lleno de caos al momento de la entrada y salida de los alumnos.
La Biblia muestra el cristianismo como una religión que se enfoca en el bien común, presenta a Jesucristo como el salvador de los pecados; se acercaba a enfermos, personas que iban por mal camino para que conocieran a Dios y lograran la vida eterna, no se le vio con los ricos, quienes decían ser reyes en la tierra o poseían el mejor de los estados.
Movearte es un centro financiado por el Estado que solo admite estudiantes que “califiquen”, según su director, el sacerdote Manuel Ruiz. A pesar de que representantes de la zona se han quejado para que sus hijos asistan a esta institución cercana, ubicada en Altos del Pedregal, en el Distrito Nacional, las trabas imposibilitan su acceso teniendo estos que ir a escuelas públicas alejadas de sus hogares.
Se encuentra dentro de un pacto de colaboración que le incluye como parte de un grupo de entidades administradas por el Movimiento de Evangelización a través del Arte (Movearte), que compromete al Ministerio de Educación a pagar la nómina del personal docente, administrativo y de apoyo, y una suma monetaria para sus gastos mensuales.
Además de la subvención, el pacto establece que los servicios de agua, luz, teléfono, recorrida de basura, reparaciones mayores, tales como filtración, modificaciones de planta física, anexos, nuevas instalaciones, reposición y reparación de equipos y maquinarias serán costeados por el mismo Ministerio.
Su escuela de turismo fue equipada por el Ministerio de Turismo, institución que también le subvenciona algunos programas.
La lucha de las comunidades para que sus hijos asistan a este centro terminó incluso involucrando a comunicadores como Marino Zapete, Diana Lora, Franklin Guerrero y Altagracia Salazar, quienes fueron llevados a los tribunales por el director del centro por denunciar la baja matriculación de estudiantes de los sectores cercanos. Los acusó de difamación e injuria, demanda que terminó declarada inadmisible.
A pesar de todo, siendo una institución que marcha gracias al Estado, cobra una mensualidad o también llamada colaboración que de no ser pagada se reservan el derecho a admisión, expulsan a los estudiantes si no cumplen con su régimen de notas y otras medidas que violentan el derecho a la educación establecido en el artículo 63 de la Constitución.
El Estado como garante de las políticas públicas a favor de la formación académica de los dominicanos demuestra que favorece sectores bajo la excusa de reconocer que son deficientes.
El sacerdote Manuel Ruiz ocupó funciones como enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica hace varios años gozando en aquel entonces de los beneficios de un funcionario. Es comunicador, actualmente también es director del Instituto San Juan Bautista en Bella Vista y posee cierto enlace con el gobierno japonés, y debido a esta relación la construcción de la Escuela Técnico Profesional Movearte tuvo un aporte inicial de 82 mil 500 dólares de ese país.
No obstante, de lo que públicamente se conoce, años atrás el sacerdote Ruiz afirmó que Movearte es una institución privada, quizá fue una confusión con el otro centro que dirige con condiciones distintas al Centro Movearte en cuanto a financiamiento y sostenibilidad económica.
Las medidas provenientes del sacerdote Manuel Ruiz y sus declaraciones encajan en su universo y desfavorecen a los necesitados, manejando a su antojo un centro educativo del pueblo y las autoridades sin hacer el mínimo caso a las denuncias.
Es evidente la selección exclusiva y se abre la interrogante de a dónde se va el dinero pagado mensualmente por la matriculación de cada estudiante de Movearte siendo un centro patrocinado totalmente por los fondos públicos con una matrícula de 1,400 alumnos.
La necesidad de un centro educativo en la zona involucró la participación de los comunitarios, estuvieron presentes en la lucha para que hoy existiera el centro en un terreno propiedad del Estado, sin embargo los niños inscritos son minoría negándoles la educación a poca distancia de sus casas.
Movearte es una institución técnico profesional enfocada en el turismo y las comunicaciones, dentro de las instalaciones es visible desde afuera ver un avión, así como también instalaciones financiadas por otra instituciones gubernamentales.
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