Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Posiblemente el nombre de Julián Esteban Suriel Suazo no le signifique ninguna consideración, pero para Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción (Pepca), sí, por ser el propietario de la compañía Consorcio Dominicano del Sur y secretario de la Fundación Tornado.
Esta empresa es una de las subcontratadas por la firma Andrade Gutiérrez para la construcción de la presa Monte Grande, en Barahona, con un presupuesto superior a los 14 mil 500 millones de pesos.
Suriel Suazo fue detenido el viernes y este domingo le conocerán medida de coerción por supuestamente ser uno de los testaferros de Alexis Medina Sánchez, y encartado en el caso de la “Operación antipulpo”.
Figura en la resolución de medida de coerción elaborada por el Ministerio Público contra los acusados de pertenecer al entramado de corrupción que supuestamente dirige el hermano del expresidente Danilo Medina.
El Ministerio Público acusa a Suriel Suazo y a los demás imputados de desviar el propósito de la Fundación Tornado, la que supuestamente habría donado RD$11.0 millones para la recién pasada campaña electoral al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su candidato presidencial Gonzalo Castillo Terrero.
Según ha informado el Ministerio Público, “la vinculación del entramado sigue confirmándose”, a medida que van apareciendo evidencias, las que incluyen de modo electrónico “donde se pueden apreciar imágenes y videos”.
También, destaca los aportes económicos recibidos por el PLD, presentados ante la Junta Central Electoral (JCE) del recién pasado 28 de agosto, sobre el estado de ingresos y gastos para la campaña presidencial de Castillo Terrero.
Pícaro…
Consigna que el Consorcio Dominicano del Sur “era visto en la construcción de la presa Monte Grande como una empresa “mala paga” a sus suplidores, lo que motivó incluso a que en febrero del año pasado uno de estos tuviera que recurrir a una huelga.
Recordó que en esa ocasión, decenas de trabajadores de Andrade Gutiérrez, la empresa brasileña que construye dicha presa, no pudieron entrar a las instalaciones de la obra, debido a que la entrada principal fue bloqueada por un suplidor de alimentos.
Ezequiel Florián, propietario de la compañía suplidora de alimentos, acusó en ese entonces a la empresa subcontratada de adeudarles más de tres millones de pesos por entrega de alimentos a los obreros que construyen la obra.
Denunció que la compañía presuntamente usaba el “chantaje” como medio de coerción y lo amenazaba con rescindir el contrato de entrega de alimentos a los trabajadores.
400 raciones diarias
FIorián sostuvo que suplía más de 400 raciones alimenticias cada día, de desayuno, almuerzo y cena, lo que lo tenía prácticamente en la quiebra, ya que había gastado el capital de la compañía.
Dijo que estaba recibiendo presión de los comerciantes a quienes adeudaba altas sumas de dinero, porque tomaba a crédito los ingredientes para preparar alimentos.
