Panorama

Ministerio Público asegura salvará los obstáculos para procesar casos obras de Gonzalo Castillo cuyas auditorías fueron amañadas en la CC

Por Suanny Reynoso

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: La afirmación hecha  por el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), magistrado Wilson Camacho, en el sentido de que las autoridades “van a salvar” los obstáculos que sean necesarios para procesar el caso de las obras de Odebercht, como parte de la investigación adicional, complica más la responsabilidad penal de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas.

La reacción del magistrado Camacho se produce en momentos en que el Ministerio Público desarrolla una investigación contra la actual Cámara de Cuentas por obstrucción de la Justicia, tras detectar indicios de que desde ese órgano se estaban manipulando, ocultando y maquillando informes de auditorías que eran requeridos por la autoridad judicial, especialmente las 11 obras ejecutadas por el Ministerio de obras Públicas durante la gestión de Gonzalo Castillo.

Las acciones en las que habrían incurrido los miembros de la Cámara Cuentas, que según el Ministerio Público, “se llevarán hasta las últimas consecuencias”, tipifican para delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.

Camacho amplió sus apreciaciones cuando, al ser preguntado por los periodistas, aseguró que “la CC lo que ha servido es para impedir el trabajo del Ministerio Público y se ha puesto más del lado de las personas que cometen actos de corrupción”.

El funcionario judicial explicó que cuando Ministerio Público notó que la CC estaban maquillando y falseando auditorías, específicamente sobre la obra de Odebrecht, se inició la investigación, la que dijo ahora tiene que verse en dos dimensiones: la primera es el proceso en los tribunales y otra la iniciada actualmente que tocará el tema de las sobrevaluaciones.

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El titular de la PEPCA sostuvo que, en esa nueva fase de la investigación, las autoridades enfatizarán en las evaluaciones de las obras y que realizarán todas las diligencias necesarias para procesar a los todos lo que resulten responsables de sobrevaluar obras contratadas por el Estado con la firma brasileña Odebrecht.

 El debate

La investigación adicional que realiza la PEPCA, preponderantemente realizadas en la gestión de Gonzalo Castillo, auditadas por CC, destapó una olla de grillos cuando la señora Margarita Melenciano Corporán, miembro de la CC emitió dos votos disidentes, en hechos separados, denunciando que el mismo se había obviado las sobrevaluaciones que iban más allá del 25% como ordena la Ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas.

Ese informe de auditoría sobre 11 obras construidas por la empresa constructora Odebrecht la mayoría de ellas durante la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Pública, no pudo ser aprobado por el pleno de la CC, por el voto disidente de la señora Melenciano Corporán.

El primer voto disidente de la titular de la CC se produjo el 11 de agosto de este año, cinco días antes de concluir el mandato de Danilo Medina, cuando se conoció ese mismo informe de la investigación especial realizada a 11 proyectos del Ministerio de Obras Públicas ejecutadas por Odebrecht, el cual no pudo ser aprobado por falta de consenso entre los cinco miembros del pleno.

Al rechazar el informe, la dama reiteró que las adendas de los contratos de las obras investigadas contienen una modificación a los pliegos de condiciones específicas, excediendo el 25 por ciento que permite la ley, lo que en su opinión constituye una violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

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Asimismo, el 8 de diciembre 2020, cuando se intentó de nuevo aprobar dicho informe “corregido”, Melenciano Corporán ratificó su negativa de votar a por el mismo, reiterando su posición de que en esa investigación de las obras construidas por la empresa brasileña durante el período que va del 7 de marzo de 2002 al 14 de abril de 2014, se cometieron graves irregularidades.

Con el segundo voto disidente de  Melenciano Corporán, en el que rechazó las conclusiones de la auditoría realizada por el organismo a solicitud de la Procuraduría General de la República, reiteró que hubo incumplimientos de disposiciones técnicas y legales por parte del Ministerio de Obras Publicas que no fueron observadas o detectadas por los auditores actuantes en la indagatoria.

Tanto ahora como en la sesión ordinaria del 11 de agosto de 2020, la señora Melenciano Corporán manifestó en su voto que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, “no presentaron los documentos o estudios referenciados con motivo de las respuestas o reacciones que se originaron por las recomendaciones que formularon los auditores de la Cámara de Cuentas de la República”.

De igual modo, Melenciano Corporán, justificó el voto disidente a la investigación, al entender que las modificaciones o adendas a los contratos vulneran las disposiciones del artículo 127 del reglamento de la ley 340-06, “pues excede en más de un 25 % el monto contratado originalmente”.

Sostuvo que, en vista de esas irregularidades señaladas, “el informe no debe ser aprobado, debido a que, contrario a lo presentado por los auditores de la CC, en la contratación de las obras investigadas se aprecian violaciones al ordenamiento jurídico del Estado, y que las mismas comprometen la responsabilidad de las autoridades administrativas que contienen la atribución de velar por el control interno del Ministerio de Obras Públicas”.

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Sin embargo, ese primer voto disidente fue rechazado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la CC; Pedro Ortiz Hernández, vicepresidente; Carlos Noé Tejada Díaz, secretario del pleno y Félix Álvarez Rivera, miembro, quienes no acogieron la petición de que se desestime la investigación que comprende las obras realizadas por la constructora Odebrecht del período entre el 7 de marzo de 2002 y el 14 de abril de 2014.

Sostuvo que “la mayoría de los miembros del pleno de la CC decidieron sobre un tema que no fue deliberando ni votado, lo que constituye una violación constitucional y legal del proceso, que afecta mi voto disidente, porque no iba dirigido a la opinión legal, sino a la resolución que aprobaría el informe de la investigación especial, que al final no fue decidido, procediendo a remitir el asunto a la di­rección de Auditoria”.

Asimismo, argumentó que el informe de la CC no debió ser aprobado porque la falta de ponderación y análisis de las adendas realizadas a los contratos y sus motivaciones, no fueron tomadas en cuenta como debilidades en el proceso de planificación de los trabajos, ni que esa falta de previsión haya impacta­do de manera negativa el patrimonio público.

Agregó que los responsables de la auditoria tampoco realizaron análisis de los estados económicos comparativos de las obras construidas con dinero público, que permitieran a través de las cubicaciones presentadas, determinar la correcta utilización de los recursos destinados a estos proyectos.

Finalmente, expresó que estamos “frente a una situación irregular por lo que solicitamos al pleno de la CC que declare la nulidad de las decisiones sobre el conoci­miento del informe”.

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