Ministerio de Administración Pública le quedó grande a Ventura Camejo; “fraude” en Cancillería es escandaloso

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: La Ley 41-08 de Función Pública, aprobada en enero de 2008 como parte de los planes de reforma y modernización del Estado, le quedó grande a quien fuera hasta el 16 de agosto pasado el responsable ejecutivo de su aplicación, el exministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo.

Ventura Camejo fue titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y un prominente seguidor del expresidente Danilo Medina. Restó importancia a la salida de Fernández del PLD a finales de 2019.

El exfuncionario, quien apoyó la fracasada intención reeleccionista de Medina y luego justificó la integración del Gobierno anterior a la campaña de Gonzalo Castillo, argumentando que hacían proselitismo en horas no laborables, negó en varias ocasiones denuncias de medios de comunicación sobre abultamiento de nóminas.

Pero, tras el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganar las elecciones del 5 de julio de 2020 y ascender Luis Abinader a la presidencia de la República, algunas de las nuevas administraciones en las instituciones del Estado confirmaron lo que era “vox populi”.

Ministro no miró para el Mirex

El caso del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) es escandaloso, pues esta institución recibió cuestionamiento generalizado debido a nombramientos supernumerarios y superfluos, tanto en el servicio exterior como en la sede central en Santo Domingo.

Veinte días después de la designación de Roberto Álvarez como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, la institución anunció la desvinculación de “299 personas registradas como empleadas en diferentes departamentos que no cumplían con sus funciones o no asistían a su lugar de trabajo”, para un ahorro presupuestario de RD$220 millones.

Según los datos disponibles en la página web, en los últimos cuatro años la nómina de la sede central de la institución en Santo Domingo aumentó RD$30, 850,000.00, al ascender en agosto de 2020 a RD$71, 874,350.00 y 1265 empleados, mientras que al mismo periodo de 2016 era de RD$41, 025,000.00 y el personal alcanzaba 1034 servidores. Datos de años anteriores no están colgados.

Figuran casos como el de una “asesora” con el mismo salario de viceministros (RD$230,000.00); “analistas” con mayor remuneración que encargados departamentales, como también ministros consejeros mejor pagados que embajadores, y numerosos cargos duplicados también con diferenciado rango salarial.

Sin embargo, nada de lo anterior llamó la atención de Ventura Camejo, como tampoco el hecho de que la nómina de contratados aumentó en igual periodo de RD$565,000.00 a RD$19, 462,250.00.

Ese periodo corresponde a la gestión de Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado del PLD en las elecciones de mayo de 2016 y en la cual el Mirex recibió un importante aumento presupuestario: pasó a RD$9, 296, 228, 414.00, de RD$183, 304, 876.00 en 2016 (monto ejecutado).

Reproche de Ética Pública

Viene a cuenta señalar que en una entrevista al matutino Listín Diario, la nueva directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortíz Bosch, citó al Mirex como muestra del descontrol en la creación de puestos de trabajo, por los excesivos cónsules y vicecónsules destituidos por el presidente Abinader.

La funcionaria consideró al MAP como el ministerio más inefectivo, por los cientos de puestos de trabajo creados durante los gobiernos del PLD. Opinó que se hicieron sin rigor sobre las fuentes presupuestarias y se habrían sustentado con empréstitos.

En el comunicado del 4 de septiembre, la cancillería aseguró que “evaluarán y mejorarán de una manera más justa las condiciones de los servidores públicos de esa institución”.

“Una de las principales visiones de la nueva gestión es lograr que el servidor público ejerza sus funciones de manera responsable, eficiente, ética y transparente, y que a su vez pueda tener una remuneración de acuerdo con sus capacidades”, afirmó.

La ley 41-08 consigna el principio de equidad retributiva (“a trabajo igual, en idénticas condiciones de capacidad, desempeño o antigüedad, corresponde siempre igual remuneración, cualesquiera que sean las personas que lo realicen”).

En tanto, el artículo 9 del reglamento 527-09 de Estructura Organizativa, Cargos y Política Salarialinstruye al MAP a asegurar la racionalización de los cargos en las estructuras organizativas de las instituciones de la administración pública.

Una fuente señaló que “la discrecionalidad e inequidad salarial, duplicidad de cargos y puestos creados para favorecer allegados del ministro, fue un cáncer que se profundizó en la cancillería en los últimos cuatro años y aunque determinados empleados de carrera administrativa afectados elevaron sus casos particulares ante el MAP y recibieron respuesta, en lo general nunca se supo de ninguna acción o intervención institucional contra ese reconocido desorden”.

Mientras el MAP no se pronunciaba sobre la nómina, el excanciller Vargas Maldonado proclamaba a viva voz el trabajo conjunto de las dos entidades y de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, para “fomentar eficiencia y transparencia organizacional”, según una información disponible en el portal de la Cancillería sobre el acto de firma y puesta en circulación del Código de Ética Pública para el personal de esa institución.

El caso Indotel

Otra agencia gubernamental que anunció depuración de la nómina fue el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), con unas cien desvinculaciones, en principio, calificadas como “botellas”, la denominación que popularmente reciben las personas que cobran en el Estado sin trabajar, por el nuevo titular, Nelson Arroyo.

Queda la pregunta de si el artículo 84 de la ley 41-08 sobre faltas de tercer grado de los servidores públicos: “realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma, actos que atenten gravemente contra los intereses del Estado o causen, intencionalmente o por negligencia manifiesta, grave perjuicio material al patrimonio del Estado”, no aplica a Ventura Camejo, quien se desentendió de sus responsabilidades con respecto a la nómina de Relaciones Exteriores.