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Milagros Ortiz: “La vicepresidenta no puede ser candidata y funcionaria pública”

Redacción/ ElCorreo.do

SANTO DOMINGO: La ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, afirmó este miércoles que los políticos y las autoridades de la nación deben predicar con el ejemplo, especialmente cuando hablan de valores.

Ortiz Bosch, quien es dirigente nacional del opositor Partido de la Revolucionario Moderno (PRM), recordó que cuando ella decidió presentarse como aspirante a la candidatura presidencial del PRD para las elecciones del 2004 solicitó y obtuvo una licenciada de su cargo como secretaria de Educación, delegando la función en el subsecretario Ángel Hernández.

La ex funcionaria se refirió a las recientes declaraciones emitidas por la actual vicemandataria, Margarita Cedeño, en el sentido de que “en la actual circunstancia en que se encuentra el país por la pandemia del coronavirus, sería una irresponsabilidad suya tomar licencia como directora del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno, como han pedido algunos sectores”.

Ortiz Bosch dijo extrañarle que la Cedeño no tomara en cuenta la advertencia hecha el 23 de septiembre pasado por el presidente de la Junta Central Electoral, Julio Cesar  Castaños, cuando señaló que “si se comprueba que un funcionario público ha usado recursos violando la Ley 33-18 se abrirá para ellos un expediente judicializable”.

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Doble funciones

La ex titular de Educación advirtió que Cedeño incurre en un error al pretender ejercer simultáneamente  la doble  condición de funcionaria pública y candidata vicepresidencial de su partido, en violación de las Leyes de Administración Pública, de Partidos y del Régimen Electoral.

Recordó que la Ley 41-08 de la Función Pública es clara en su artículo 80, numeral 13,  al prohibir a los funcionarios servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución.

Aludió también el artículo 25 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que “prohíbe a todo funcionario o empleado del Estado o de los municipios poner a disposición de cualquier partido, agrupación o movimiento político o de cualquier candidato el uso en cualquier forma y de cualquier título, de bienes o fondos provenientes de las entidades públicas”.

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Igualmente resaltó el mandato de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19,  en su artículo 196 que establece que “Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán prevalerse de su cargo, para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato”.

Observó que la vicepresidenta no se encuentra ante un dilema personal, sino de un mandato riguroso del orden legal que ella misma se comprometió a respetar cuando asumió el cargo.

“Ella no puede colocarse por encima de tres leyes fundamentales en la vida democrática del país y mucho menos esperar que sea la Junta Central Electoral que le recuerde que ella está obligada a cumplir con las leyes del país”, apuntó.

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